Aunque el ritmo con el que avanza no es el que esperaba, Unidos para Cambiar Santa Fe sigue analizando su menú de opciones para terminar de concretar su deseo de renovar la Corte Suprema de Santa Fe. Una de ellas, barajada por figuras importantes de la Unión Cívica Radical, es ampliar el elenco de cortesanos por decreto.
La opción de ampliar la Corte por decreto, manejada en las más altas esferas de la UCR, es leída como una forma intermedia de acotar los resortes de poder de los supremos que aún resisten: no los ataca directamente, pero los coloca en una franca minoría. Si el máximo tribunal comienza a trabajar con siete jueces habría tres vacantes a completar, es decir, tres nuevos integrantes que podrían moverse en tándem con Daniel Erbetta, el único cortesano que está fuera de la mira del gobierno provincial y que es rival interno de Gutiérrez. Ni hablar si la decisión es que sean nueve jueces.
Los argumentos del gobierno de Maximiliano Pullaro
El artículo 84 de la Constitución provincial indica que la Corte está compuesta por cinco ministros “cómo mínimo”, lo que significa que no hay impedimentos para que ese número crezca. Tampoco hay alguna indicación expresa sobre el instrumento mediante el cual debe fijarse la cantidad de integrantes. Por eso, figuras importantes de Unidos consideran que un decreto alcanza para ampliar la Corte.
La discusión constitucional, sin embargo, no está saldada. El artículo 83 de la carta magna sostiene que el Poder Judicial es ejercido por la Corte, las cámaras de apelación, jueces de primera instancia y demás tribunales y jueces “que establezca la ley”. Ahí se abre un debate jurídico técnico: ¿ley en sentido formal -es decir, una norma aprobada por el órgano con potestad legislativa- o ley en sentido material -es decir, cualquier disposición emanada de autoridad competente-?
Más aún, la composición de seis integrantes de la Corte Suprema de Justicia surge del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (10.160). ¿Hay que modificar ese artículo o no es necesario? Por lo pronto, el socialismo ingresó un proyecto de reforma judicial que, entre sus disposiciones, incluye una modificación de dicha norma y crea un tribunal cimero con siete sillas. La tropa de Pablo Javkin también se mostró interesada en la idea: su diputado Ariel Bermudez también había presentado una iniciativa similar.
A pesar de la idea, “siempre es mejor una ley, porque le da otro sustento y otro consenso”, reconoció una fuente boinablanca. Más aún cuando la Casa Gris busca no quedar como impulsora de este tipo de reformas: siempre está el riesgo de que sean leídas como ideas “de la casta para la casta”. “Acompañamos, pero no impulsamos”, aclaró una fuente del gobierno.
Fuente: Letra P
