La Federación Argentina de Colegios de la Abogacía rechaza firmemente el proyecto presentado por el Gobierno Nacional que habilita el divorcio en sede administrativa, eliminando la intervención judicial. Esta propuesta atenta contra la seguridad jurídica, ya que sustrae del fuero de familia un procedimiento complejo, vulnerando el Principio de Progresividad contemplado tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Si bien el proyecto puede parecer atractivo por su aparente simplicidad, genera importantes riesgos y consecuencias negativas. En la actualidad el Código Civil y Comercial, en procesos de divorcio permite proponer una regulación clara sobre alimentos, régimen comunicacional, atribución de bienes y otras responsabilidades compartidas. Sin embargo, la propuesta del Gobierno omite la previsión de estos aspectos, lo que nos deja solo con incertidumbres sobre los efectos económicos tras la disolución del vínculo.
Además, no se establece quién determinará la fecha de disolución del vínculo, con las implicancias legales que esta decisión conlleva. Tampoco se especifica cómo se regularán los alimentos o cuándo comenzará a correr la compensación económica, entre otros puntos fundamentales. Estos vacíos normativos podrían provocar graves perjuicios a las partes involucradas y a terceros, especialmente a los hijos menores de edad.
Es importante destacar que, incluso en los países que el proyecto toma como referencia, se contempla la intervención de profesionales letrados, con restricciones adicionales para casos en los que existen bienes o menores. Sin embargo, esta propuesta omite tales previsiones.
“Otro gran problema es ¿cómo el funcionario del registro va a poder advertir que la voluntad está libre de violencia? Tanto los que nos especializamos en esta materia, como los jueces del fuero de familia, que por eso son un fuero de especialidad, estamos preparados para poder determinar la existencia de causales de violencia. Por ejemplo, una parte puede hacerle manifestar a la otra que no existen bienes cuando en realidad si, o que existe un acuerdo, que en realidad no fue consensuado”, expresó la Dra. Valeria Arguello, Vicepresidenta del Colegio de Abogados de Rosario y especialista en Derecho de Familia.
La intervención judicial es esencial para garantizar la transparencia y la protección de los derechos de todas las personas involucradas, particularmente de las más vulnerables. Sin este control, se corre el riesgo de que se impongan acuerdos ilegales, perjudicando especialmente a quienes carecen de representación legal adecuada.
