El ex ministro de Obras Públicas Roberto Dromi falleció a los 79 años. El exfuncionario que integró el primer gobierno de Carlos Menem fue una de las piezas clave de la reforma del Estado y las privatizaciones durante la década del 90.
Las causas de la muerte fueron como consecuencia de complicaciones en su estado de salud.
Dromi fue el principal artífice jurídico de las privatizaciones de la década de 1990, que abarcaron sectores como telecomunicaciones, ferrocarriles y energía.
En 1989, junto a Rodolfo Barra redactó la Ley 23.696 de Reforma del Estado, que permitió la venta de empresas estatales como YPF, Entel y Ferrocarriles Argentinos. Fue un funcionario clave en las privatizaciones durante la década menemista. Fue quien diseñó el esquema del traspaso del manejo de las empresas de servicios públicos bajo concesiones privadas.
Quién fue Roberto Dromi, el artífice de las privatizaciones en los 90
Nacido el 11 de abril de 1945 en Mendoza, Dromi fue intendente de la capital provincial durante la última dictadura militar entre 1980 y 1981. Entre 1983 y 1989 se desempeñó como asesor jurídico de las cámaras de Senadores y Diputados de la Nación.
Al llegar al Ministerio de Obras Públicas designó como uno de sus subsecretarios a Rodolfo Barra, luego juez de la Suprema Corte. Ambos redactaron la Ley 23.696 de Reforma del Estado de 1989, que permitió las privatizaciones que llevaron adelante: telefónicas, gas, agua, luz, ferrocarriles y la petrolera YPF fueron algunas de las que pasaron a manos privadas durante la gestión menemista.
“Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, fue su frase célebre en aquellos tiempos. La dijo cuando encaraba el plan privatizador, que incluyó la aplicación del sistema de peaje en algunas rutas. De hecho, en los ‘90 lo denunciaron por coimas vinculadas a los peajes, pero Dromi hizo una contradenuncia por falso testimonio y la causa fue archivada.
La justicia también lo investigó por la cesión irregular de un campo de 240 hectáreas en General Pacheco a Telecom; en 2008, Dromi y otros funcionarios fueron embargados por $108 millones en el marco de esa causa.
Además, el año pasado fue sobreseído de manera definitiva en una causa por la importación de un barco con GNL desde Trinidad y Tobago para abastecer gas a la Argentina y por el que la empresa ENARSA pagó una suma de 2,5 millones de dólares.
Según el fallo del juez federal Julián Ercolini, la investigación no dañó el “buen nombre y honor” de Dromi. Esta decisión no fue apelada por el fiscal del caso Carlos Stornelli, por lo que quedó firme.
Fuente: unosantafe.com.ar
