Tuvo lugar en el Centro de Justicia Penal la audiencia imputativa contra una mujer de 34 años, identificada con las iniciales A. S. D., a quien el fiscal Miguel Moreno le atribuyó el delito de lavado de activos en dos hechos, uno en calidad de partícipe primaria y otro en calidad de autora. “Delitos contra la fe pública”, es el eje de los cargos que le formuló el funcionario del Ministerio Público de la Acusación a Agustina Soledad D. para describir, a lo largo de la audiencia, cómo administraba una suntuosa propiedad en un barrio privado y una flota de vehículos, ensayando a cada paso una cobertura sobre el dinero invertido y el producido de todos los bienes. No parece ser para menos: la acusada es la ex pareja del asesinado líder de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, y las maniobras rezuman un esfuerzo para que el origen del dinero fuera un misterio, y lo siguiera siendo.
La jueza de primera instancia Melania Carrara tuvo por formalizada la audiencia imputativa y, haciendo lugar al pedido de la Fiscalía, dispusoi como alternativa a la prisión preventiva restricciones por el plazo de un año para la acusada: prohibición de salida del país, constitución de domicilio y firma quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial. La violación de las restricciones puede derivar en prisión preventiva efectiva. Mientras tanto, la investigación continúa y la audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el próximo 27 de diciembre.
El fiscal Moreno le atribuyó a la imputada haber tomado parte en la administración de un inmueble sito en calle Los Carpinteros, en el barrio privado Los Álamos Club de Campo, a sabiendas de que el real titular del bien era Pillín, y no, como se hacía figurar, un hombre con las iniciales E. L. Su participación consistió en haber transmitido a E. L. las órdenes que Bracamonte impartía sobre la administración del bien (refacciones, mantenimiento, adquisición de mobiliario, pago de impuestos, tasas, servicios, etcétera). A su vez, E.L. reportaba los distintos avances en la remodelación de la finca y pagos a otra persona, que luego transmitía la informaicón a Andrés Bracamonte.
Figura difícil de desconocer Pillín permaneció por un cuarto de siglo al frente del paravalanchas canalla. A lo largo de su histórico liderazgo fue blanco de una treintena de atentados, y llevaba en su cuerpo las cicatrices de una cantidad indeterminada pero superlativa de balazos. Sobrevivió a todos los ataques, hasta que el pasado 9 de noviembre, después de la derrota de Central ante San Lorenzo por uno a cero en el Gigante de Arroyito un certero ataque terminó con su vida y con la de su ladero Daniel «Rana» Attardo..
“De este modo, la imputada se interponía entre el real titular del bien y el testaferro, contribuyendo a que Andrés Bracamonte no tuviera comunicación telefónica con E. L.”, sostuvo el fiscal. Y completó que así “aseguraba la opacidad respecto del origen del dinero con que fue adquirido el inmueble, se ejecutaban las refacciones y se pagaban impuestos, tasas y servicios, con la imposibilidad de que las autoridades pudieran determinar la trazabilidad de dicho dinero”. El barniz posibilitaba que toda la operación simulara una apariencia lícita, “y consecuentemente permaneciera en esa condición mientras durara la administración”, agregó la Fiscalía. “Ello, con el consiguiente riesgo de producir alteraciones en el orden económico y financiero local y comercial, como así también afectando la administración de Justicia provincial”.
Además, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación le atribuyó a Agustina D. que, desde el 28 de noviembre de 2023 a esta parte, gracias a “su aparente calidad de socia de ATE Servicios Integrales SRL”, administró una verdadera flota de vehículos, entre ellos algunos de alta gama: “Un automóvil BMW M2, modelo 2018, con valor de mercado actual aproximado de entre 80.000 y100.000 dólares, la moto de agua marca Sea Doo modelo GTR 230, dos camionetas Volkswagen Amarok 2.0, un Renault Rodeo, un Hyundai H100 Diesel 2.5, una Renault Kangoo Express”, listó. Y todo ello –agregó Moreno– “asegurando que se mantuviera la opacidad sobre el verdadero origen del dinero con que fueron adquiridos” los vehículos, “y consecuentemente imposibilitando a la autoridad la determinación de la trazabilidad de dicho dinero, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y permaneciese en esa condición mientras dura la administración”.
