Rodríguez, quien asume en su cargo en enero del 2020 cuando Marcelo Sain era Ministro de Seguridad permaneció en ese cargo hasta finales de noviembre del 2021. Donde a su vez también su labor fue extendida ya en la gestión del también ex Ministro de Seguridad, Jorge Lagna. Su aporte es clave para escuchar su posicionamiento sobre la causa en la cual se encuentra imputado.
La causa es una causa engorrosa ya que su procedimiento no fue lineal ni transparente. Donde mayormente una rama del periodismo santafesino era quien iba informando cómo iba el caso antes que los acusados sean notificados por los peritos, fiscales y jueces competentes.
“La imputación es por formar parte de una asociación ilícita que estaba destinada a cometer ciertos delitos pero mayormente vinculados a los que están bajo la ley de inteligencia, es decir, acumular información de determinadas personas físicas y jurídicas, al margen de una investigación, con fines por fuera de esa investigación sino más bien con fines políticos o de otra naturaleza” refirió el entrevistado a la pregunta sobre la acusación de parte de la fiscalía.
“Jamás recibí una orden de cometer un acto ilegal, ni tampoco en mi esfera de trabajo he dado una orden de dicha naturaleza” dijo el abogado Rodríguez sobre la incriminación que se le fue informada hace dos semanas.
En noviembre luego del allanamiento hecho en la Sede de Gobierno de la Provincia, sin orden de ningún juez ni respetando el debido proceso, se secuestraron elementos varios de la oficina en la cual se encontraba el acusado, a lo que él responde: “la papelería que se encontraba tenía que ver con que nosotros estábamos yendo, éramos 13 funcionarios que nos íbamos de la gestión, había un cúmulo de papeles que son papeles de trabajo, para no dejarlos en la oficina los destruirnos pero no eran ningún expediente, ningún papel de importancia, como se decía, tampoco existieron esas carpetas de las que se hablan. Si había información pero específica, nosotros trabajábamos de controlar a la policía y sin información uno no puede, no se puede controlar a lo que no se conoce. Todo dentro del marco de órdenes fiscales o de investigaciones administrativas”
“La causa es eminentemente judicial pero como dijo el ex Ministro Marcelo Saín, es una causa eminentemente política. Se juegan intereses que trascienden la cuestión judicial. Basta solo con fijarse quienes son las personas que se han constituido como querellantes para entender un poco como viene esto” opina Rodríguez sobre la relación entre el ex Ministro de Seguridad y actual Diputado Provincial con ansias de ser gobernador en el 2023, Maximiliano Pullaro.
El entrevistado también apunta a comparar su labor con la gestión anterior a su gobierno, específicamente la del Diputado radical, en la cual se realizaban tareas similares. Aunque se diferencia planteando: “Nosotros no hablábamos de perfiles, es otro tipo de tareas que por supuesto también se hace pero en base a distintos requerimientos. Pero la imputación en sí es por consultar bases de datos de diferentes personas físicas o jurídicas, eso lo hace cualquier estudio jurídico, son cosas muy sencillas, son datos que están ahí al alcance de cualquiera”.
Hacia los intereses ajenos de la causa, Rodríguez apunta sobre la querella. “Son varios los querellantes y los intereses que se juegan, hay un interés político pero también una fuerte pata mediática, uno de los querellantes es Gustavo Scaglione, que ha jugado un rol muy importante, ya que en los medios que responden a él se publicó más de lo que se debatió judicialmente, y eso ha sido insesante en todos los medios del grupo” También apunto sobre Jorge Molina, secretario general de UPCN, “Nosotros tomamos conocimiento que la gestión anterior había tomado y recopilado información de él, al margen de investigaciones judiciales pero lo que hace a nuestra gestión la información que se recopiló fue en el marco de una investigación muy importante que se lleva adelante en Santa Fe en lo que es en el marco de la investigación del asesinato del empresario Hugo Oldani”.
También por último remarcó que aparecen como querellantes un grupo de abogados que suman a la coincidencia de ser los defensores de un grupo de policías partícipes del último levantamiento policial en la ciudad de Rosario.
Ya hacia el final, Diego Rodríguez apunta a la vinculación entre todas estas partes y plantea que “esto es un lawfare y este tiene distintas patas y cada uno tiene un rol”. Y a su vez, comenta que la última resolución del juez fue el rechazo de que la causa pase al fuero federal porque “entendemos que si la imputación es por violar la ley de inteligencia la materia de discusión es federal, y por supuesto que apelaremos y recurriremos a otras instancias”.
Para concluir, comenta cual va ser el pedido hacia la fiscalía de las medidas cautales “ya conocemos la resolución que se ha dictado con respecto a Marcelo Saín y Germán Montenegro. En las cuales las cautelares han sido distintas a la prisión preventiva, así que ese es el marco que rige esta situación. El pedido va a ser ese”.
