
Una denuncia pública volvió a sacudir las estructuras de la Policía de Santa Fe y amenaza con escalar a los niveles más altos del Ministerio de Seguridad provincial. Esta vez, el escándalo gira en torno a la aparición de unos lentes con cámara oculta en medio de los exámenes de ascenso que se están llevando a cabo en la fuerza.
El caso fue difundido por la cuenta @utrapol.noticias, y no tardó en viralizarse. La imagen muestra un par de anteojos Ray-Ban —aparentemente adaptados con un dispositivo de grabación— junto a material de estudio y una sala con efectivos frente a computadoras, rindiendo los exámenes. El mensaje es contundente: habría existido un intento de espionaje o copia durante una instancia oficial de evaluación.
Aunque aún no hubo una respuesta formal desde el gobierno, la filtración reaviva viejas dudas sobre la transparencia en los concursos internos de la fuerza y la verdadera capacidad de control que ejerce el Ministerio sobre los procesos de formación y ascenso.
No es la primera vez que se ponen bajo la lupa estos mecanismos. Sin embargo, el uso de tecnología para facilitar posibles fraudes eleva la gravedad institucional del caso. ¿Quién controla los exámenes? ¿Cómo se auditan los dispositivos? ¿Qué garantía hay de que los ascensos reflejan mérito y no trampa? Son preguntas que hoy vuelven a emerger con fuerza.
Desde la organización Utrapol advirtieron que esto podría ser apenas “la punta del iceberg” de un sistema viciado en el que los ascensos, en lugar de responder a criterios de carrera y preparación, estarían sometidos a la lógica del favoritismo, la tecnología y la complicidad estructural.
En tiempos donde la seguridad pública ocupa el centro del debate, este episodio no solo pone en jaque al interior de la fuerza policial, sino que también expone la fragilidad del control civil y político sobre los mecanismos institucionales de ascenso y jerarquización.
La pregunta es simple y urgente: ¿Quién se está quedando con los lugares de poder dentro de la Policía?