Estos son los países más y menos corruptos de América Latina

“La falta de acciones audaces y firmes para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas está alimentando a las actividades delictivas organizadas, socavando la democracia y a los derechos humanos y amenazando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, dice el informe sobre América, donde las actividades criminales trascienden muchas veces hasta las instituciones públicas.

Así como Uruguay y Canadá poseen los índices más altos del continente —ambos con 74 puntos—, seguidos por Estados Unidos con 69, los países con los peores índices de corrupción son Venezuela (14 puntos), Haiti (17 puntos) y Nicaragua (19 puntos). Honduras y Guatemala también están entre los más corruptos. Chile también se destaca entre los menos corruptos con un puntaje de 67 puntos.

“Las instituciones débiles y que no rinden cuentas en América Latina han creado un terreno fértil para que florezcan las redes delictivas organizadas, alimentando la violencia y la inseguridad”, explica el reporte sobre lo que sucede en la región. Además, menciona que, en muchos países, funcionarios y agentes de policía colaboran con bandas criminales o aceptan sobornos.

“En Honduras (23 puntos), Guatemala (24) y Perú (36), la evidencia sugiere que los delincuentes organizados ejercen una fuerte influencia sobre los candidatos y políticos, financian campañas electorales o incluso se postulan para cargos públicos”, afirma Transparencia Internacional.

Esa situación lleva a que las mujeres, las niñas y los migrantes sean muchas veces víctimas de redes de trata y de “sextorsión”, que “generalmente incluye a funcionarios públicos”. “En la Amazonía, el narcotráfico ha llevado la violencia a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que coinciden con áreas críticas de alta biodiversidad”, indica.

En 2021, añade el reporte, los países de América Latina registraron el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos. Colombia (39 puntos) tuvo el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos con 138, seguido de 42 en México (31 puntos) y 27 en Brasil (38 puntos).

Otro de los fenómenos analizados es que, para hacer frente al crimen organizado y la violencia de las pandillas, algunos Gobiernos tomaron medidas que llevaron a la concentración de poder, reduciendo la transparencia y la rendición de cuentas, y presentando serias amenazas a los derechos humanos y las libertades básicas. Por ejemplo, la declaración del estado de excepción durante 2022 en países como El Salvador (33), Ecuador (36) y Honduras (23) otorgó facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para suspender garantías constitucionales.

Los Gobiernos asediados por la corrupción carecen de capacidad para proteger a las personas y, a su vez, en esos contextos el descontento público tiene más probabilidades de transformarse en violencia. Es el caso de Brasil, en donde “la combinación de corrupción, autoritarismo y desaceleración económica ha resultado ser especialmente volátil”.

“El mandato del presidente Jair Bolsonaro estuvo marcado por el desmantelamiento de los marcos contra la corrupción, el uso de maniobras corruptas para favorecer a aliados políticos y acumular apoyo político en la legislatura, desinformación y ataques al espacio cívico. En enero, tras la derrota de Bolsonaro como candidato para la reelección, sus partidarios lanzaron un ataque violento contra el Parlamento, el Supremo Tribunal y el palacio presidencial, pusieron en riesgo la vida de policías y periodistas y vandalizaron edificios, con el objeto de perturbar la transición pacífica del poder al presidente recientemente elegido, Luiz Inácio Lula da Silva”, afirma el reporte.

Conclusiones globales

El Índice de Paz Global es otro parámetro que reveló que el mundo es cada vez un lugar menos pacífico. “Existe un nexo evidente entre esta violencia y la corrupción: los países que tienen las puntuaciones más bajas en este índice también tienen puntuaciones muy bajas en el IPC”, afirma el informe.

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparency International, explicó que los Gobiernos asediados por la corrupción carecen de capacidad para proteger a las personas: “Los Gobiernos no han logrado, de manera colectiva, contrarrestar este fenómeno y, con esto, agudizan el aumento de la violencia y el conflicto que se observa en la actualidad, lo cual plantea peligros para las personas de todas partes del mundo”.

Otro de los datos del informe más relevantes a nivel global es que ha habido escasos avances contra la corrupción: el 95  % de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos desde 2017.

En 43 de los países estudiados, el promedio global del IPC sigue sin mostrar variaciones, por undécimo año consecutivo, y más de las dos terceras partes de los países tienen un problema grave de corrupción y una puntuación inferior a 50.

Honduras y Nicaragua figuran entre los diez países que registraron un descenso significativo en las puntuaciones del IPC desde el año 2017; mientras que Guatemala (24 puntos) es parte de un grupo de 26 países que cayeron a mínimos históricos en el ranking.

Daniel Eriksson, director ejecutivo de Transparencia Internacional, resaltó, sin embargo, un dato optimista, al señalar que “los líderes pueden combatir la corrupción y promover la paz al mismo tiempo.

“Los Gobiernos deben abrir los espacios para hacer partícipe al público en la toma de decisiones, desde activistas y empresarios hasta comunidades marginadas y grupos de jóvenes. En las sociedades democráticas, las personas pueden alzar sus voces para contribuir a erradicar la corrupción y exigir un mundo más seguro para todos nosotros”, afirmó.