El grupo es presidido por la santafesina Mónica Fein (Encuentro Federal), quien está a cargo de la comisión junto a Silvana Giudice (ex PRO, actual LLA) como vicepresidenta y Victoria Tolosa Paz (UxP) como secretaria. Integrantes de la comisión estarán comunicados de manera remota.
El encuentro del lunes se hará en la sala de Reuniones del Concejo Municipal de Rosario (Córdoba 852), donde están invitados a participar personas afectadas y familiares de víctimas del uso de esta sustancia que, de acuerdo a datos oficiales, derivó en 124 muertes.
La comisión fue creada por unanimidad por la Cámara baja y tiene representación de todas las fuerzas políticas. Hasta el momento ya se desarrollaron varias reuniones que contaron con el testimonio de familiares y aportes técnicos. El objetivo es llegar al 9 de diciembre con un informe final que incluirá propuestas y recomendaciones.
Una de esas propuestas pasará, seguramente, por el impulso a una ley que otorgue marco formal a la Anmat, organismo creado por decreto en el año 1992, luego de otra tragedia: la intoxicación por el uso de propóleo.
Desde su creación, se viene desarrollando un riguroso trabajo que incluyó testimonios de diferentes organismos técnicos, incluido el Hospital Italiano de La Plata, y una reunión con el juez a cargo de la causa, Ernesto Kreplak quien, en el marco de la investigación, consignó la muerte de 124 personas por el uso de fentanilo contaminado o adulterado.
En tanto, la comisión, que se reúne habitualmente los días martes, tiene previsto convocar para el jueves 13 de noviembre al ministro de Salud de la Nación Mario Lugones y autoridades de la ANMAT.
Propuestas
En la última reunión también se hicieron presentes familiares quienes presentaron propuestas divididas en cinco puntos. El primero abarca una ley exhaustiva de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, que incluye obligatoriamente al fentanilo y opioides sintéticos dentro de un sistema de trazabilidad digital integral; registro individual de cada una de las unidades de producción hasta la administración al paciente; obligar al laboratorio, droguerías y hospitales a informar electrónicamente cada movimiento del medicamento en tiempo real, garantizando auditoría pública y judicial; estudiar modelos internacionales para que no haya violaciones dentro de los controles cruzados.
El segundo busca la digitalización y centralización de la información sanitaria, reemplazando el actual formulario físico provisto por la Ley 17818 por registros electrónicos unificados en una plataforma interoperable; garantizar la interconexión de las historias clínicas electrónicas a la trazabilidad clínica de los medicamentos administrados; y establecer plazos y recursos para la digitalización obligatoria de los recursos en los hospitales públicos y en los sanatorios privados.
El tercero, la obligación y automatización del reporte sanitario; crear un sistema nacional de alerta y notificación inmediata, que active de forma automática alertas ante sospechas de contaminación, efectos adversos o irregularidades en medicamentos; incorporar sanciones específicas para los establecimientos de salud o laboratorios que omitan, demoren o falseen información; asegurar la publicación transparente de datos y resultados fortaleciendo la confianza pública en las instituciones.
El cuarto, el fortalecimiento de la ANMAT y control de la industria farmacéutica; ampliación de competencias, recursos y fiscalización digital; exigencia de reportes virtuales de producción, calidad y eventuales irregularidades; formación de profesionales y responsables sanitarios en control de calidad, trazabilidad y reportes sanitarios.
El quinto involucra las fiscalizaciones estrictas a la industria farmacéutica y hospitales; creación de un sistema virtual que constate cantidad y calidad del producto, profesionales intervinientes en el proceso de producción, fundamentar la cantidad de producción de acuerdo a la demanda del mercado y calificar a la empresa de acuerdo a la calidad del producto.
