En el caso de los alquileres, los contratos regidos por la antigua ley aún vigente se actualizarán en torno al 130% interanual, de acuerdo con el índice que combina inflación y salarios. Para muchos inquilinos, esto implicará pagar más del doble que el año pasado, en un contexto donde la oferta sigue siendo escasa.
El combustible también registrará un incremento que ronda el 7% promedio, impulsado por la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y el traslado de costos operativos. El aumento tendrá un efecto en cadena sobre el transporte de alimentos y bienes, lo que podría derivar en un repunte adicional de la inflación.
En tanto, las prepagas aplicarán subas de entre 8 y 10%, justificadas en el aumento de costos médicos y en los acuerdos paritarios del sector de la salud. Las empresas del rubro advierten que los precios seguirán ajustándose mensualmente mientras persistan los desequilibrios macroeconómicos.
Por otra parte, los servicios públicos, especialmente el gas natural, tendrán ajustes promedio del 3,8%, y las distribuidoras de energía analizan nuevas revisiones tarifarias antes de fin de año.
Con esta nueva batería de incrementos, los analistas proyectan que la inflación de noviembre podría ubicarse nuevamente por encima del 8%. En un escenario de ingresos rezagados, las familias priorizan gastos esenciales y buscan alternativas para reducir consumos.
El desafío para los próximos meses será cómo mantener el equilibrio entre la actualización de tarifas necesarias y la capacidad real de pago de la población, que continúa deteriorándose pese a la estabilización del tipo de cambio y las medidas de control fiscal.
