El plan establece una serie de medidas concretas para incrementar la fiscalización de puertos públicos y privados del tramo inferior del corredor fluvial. Según datos oficiales, cerca de 300 barcazas circulan a diario entre Asunción y las aguas profundas del Río de la Plata, lo que convierte a esa vía en un espacio vulnerable para organizaciones ilegales. Las autoridades consideran que esa circulación intensa facilita el ingreso y salida de cargas opacas y el uso de la hidrovía como canal logístico de redes criminales.
Entre las principales acciones previstas figuran el empleo de tecnología avanzada —como drones, radares y scanners—, la creación de un comando unificado de vigilancia en la zona del Gran Rosario y el establecimiento de un sistema de inteligencia criminal y financiera que permita interceptar las rutas de escape y las plataformas de contrabando. El plan también contempla una mayor coordinación entre fuerzas federales, provinciales y el Estado nacional.
La provincia de Santa Fe tiene un rol central en la estrategia por su ubicación estratégica en el corredor exportador y la presencia de terminales portuarias clave. El gobierno sostiene que las nuevas herramientas permitirán “blindar” los puertos y los muelles para impedir que el gran volumen de tráfico fluvial sea explotado por el crimen organizado.
Aunque la iniciativa ya fue aprobada, su implementación requerirá desembolsos y la puesta en marcha de nuevos procedimientos. Las autoridades gubernamentales afirman que el control comenzará de manera inminente, al tiempo que enfatizan que la iniciativa marca un antes y un después en el tratamiento de la hidrovía como espacio prioritario de seguridad. Para los analistas, el “Plan Paraná” abre un capítulo clave en el combate al delito organizado en una zona por donde pasa buena parte del comercio exterior del país.
