Una causa que expone el corazón de la corrupción policial
La resolución judicial fue contundente: todos los imputados en la causa por el robo de combustible destinado a los patrulleros de la Unidad Regional II quedaron en prisión preventiva. Así lo confirmó el fiscal José Luis Caterina, quien remarcó que esta decisión “era exactamente lo que habíamos pedido” y que la investigación logró sostener “una imputación robusta” por asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación al Estado.
La trama no es menor. Ya son 28 las personas imputadas —entre ellas 12 altos mandos policiales separados de sus cargos en mayo— por un esquema que, según el fiscal, combinó sobrefacturación, facturación fantasma y presiones internas para obtener partidas extraordinarias de combustible.
Sobrefacturación, móviles incendiados y una estructura diseñada para defraudar
Caterina explicó que la investigación permitió comprobar cómo la organización generaba gastos ficticios a gran escala. En abril, la UR II recibía 403 millones de pesos mensuales para combustible; tras los allanamientos, el gasto cayó a 330 millones, una diferencia que, para el fiscal, confirma la maniobra.
El caso incluye episodios que agravan el cuadro. Entre ellos, tres móviles policiales adjudicados a jefes para generar facturas fantasma, de los cuales dos terminaron incendiados, uno de ellos con incendio doloso acreditado. Para la fiscalía, la coincidencia temporal —a los pocos días de los allanamientos— demuestra la intención de eliminar pruebas.
El rol del imputado colaborador y la “codicia” como motor
La figura del imputado colaborador fue clave para entender cómo la red empezó con sobrefacturación pero luego “se desbandó” hacia facturaciones fantasma totales: la provincia pagaba por cargas de combustible que nunca existían.
El juez de la causa —según relató Caterina— dijo sentirse “impactado por la codicia” que atravesaba las maniobras. El relato del colaborador también expuso un sistema interno de presiones, especialmente del secretario privado del entonces jefe de la UR II, quien pedía partidas suplementarias de 25 y 40 millones “de forma insistente e incluso coercitiva”.
Presiones, audios internos y escalones superiores de responsabilidad
La causa también incluye intervenciones telefónicas entre encargados de carga —los primeros eslabones que reunían las tarjetas de flota— donde admitían que “no podían más con las presiones” de la cúpula.
“Lo que hemos comprobado ahora es el escalón superior”, explicó Caterina, quien detalló que las órdenes y aprietes provenían de mandos altos del Comando Radioeléctrico y de la Jefatura de la UR II.
La preventiva y lo que viene
El juez ordenó prisión preventiva hasta el 14 de mayo de 2026, con posibilidad de extensión automática si la fiscalía presenta acusación formal antes de esa fecha. Caterina señaló que, aunque los delitos de corrupción suelen tener penas más bajas, la combinación en concurso y la figura de asociación ilícita podría derivar en condenas significativas.
“Es una causa donde la organización interna, las presiones y la codicia quedan completamente expuestas”, sintetizó el fiscal.
