El legislador afirmó que el problema “lleva más de 30 años” en Argentina y países vecinos, con impactos cada vez mayores.
Borla explicó que la situación se volvió crítica en los departamentos del norte provincial, donde productores llegaron a perder hasta el 20% del girasol por daños provocados por la paloma torcaza y la cotorra —esta última ya declarada plaga por ley—. También subrayó que existen consecuencias urbanísticas y sanitarias: “No es un tema solo rural, también afecta a las ciudades”, señaló, al mencionar enfermedades transmisibles y deterioro de infraestructuras públicas.
El senador aclaró que la declaración de plaga “no significa salir a matar palomas”, sino crear un marco jurídico para coordinar acciones técnicas con INTA, INTI, universidades, ONG ambientales y laboratorios. Entre las herramientas en estudio figuran repelentes, control reproductivo y métodos utilizados en aeropuertos. Borla insistió en que el abordaje debe ser “científico, responsable y sin afectar la cadena alimentaria”.
Si la Cámara de Diputados aprueba la norma, los municipios podrán adherir y aplicar medidas locales, como restricciones para alimentar palomas, prácticas ya vigentes en ciudades como Venecia. Borla recordó su experiencia como intendente de San Justo, donde los daños urbanos eran significativos.
“Es un problema complejo, pero necesario de abordar con responsabilidad y mirando al futuro. Ojalá esta vez podamos avanzar con la erradicación”, concluyó el legislador.
