Durante el fin de semana, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su preocupación por las amenazas de muerte que recibieron judiciales de esa provincia que llevan causas por narcotráfico y les exigió a las administraciones local y federal que tomen cartas en el asunto. Lo mismo hizo un consejero de la magistratura de la Nación. El ministro Aníbal Fernández habría acusado recibo.
“Siempre tenemos el temor que un juez o un fiscal terminen muertos”, fueron las fuertes declaraciones de Ricardo Toranzos, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Publico Fiscal de la Nación al medio Infobae. Y agregó: “Amenazas en todo tipo delito pueden existir pero aquí se ha superado la lógica de la habitualidad, se amenaza sin tener miedo a una consecuencia”.
Cabe recordar que el jueves de la semana pasada el senador provincial Lisandro Enrico recibió una amenaza de muerte que incluyó al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; al juez federal y al fiscal de esa localidad, Aurelio Cuello Murúa y Javier Arzubi Calvo, respectivamente, y a la agente del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Susana Pepino.
Por el hecho ya se inició una causa judicial. “Va a haber balas y granadas para todos. El que avisa no traiciona”, decía la amenaza, que salió de un teléfono con característica de la ciudad de Trelew, Chubut.
Todo ocurrió en medio del agravamiento de la hostilidad vinculada al narcotráfico en Rosario, que ya motivó que el gobernador Omar Perotti relevara al ministro de Seguridad.
“Dichas acciones, no solo constituyen delitos graves, sino que además conforman un ataque inadmisible a la autonomía e independencia del Ministerio Publico y a la ´seguridad jurídica´ que debe regir en un Estado de Derecho, máxime que esta pretensión de amedrentamientos a los fiscales y a los jueces, como a sus dependencias, se convirtió en una habitualidad en la zona”, sostuvo la entidad que pidió que se avance en las investigaciones para dar con los responsables -se sospecha de dos jefes narcos de la zona que están presos- y “evitar que estos ataques queden impunes”.
Cuando uno repasa la historia reciente, en Rosario fueron baleados el edificio judicial de la ciudad, la sede de la justicia federal, casas de jueces y fiscales. Además de amenazas reiteradas. En tal sentido, “amenazas en todo tipo delito pueden existir pero aquí se ha superado la lógica de la habitualidad, se amenaza sin tener miedo a una consecuencia. Ellos entienden que amedrentar no tiene consecuencias jurídicas. Termina siendo como gajes del oficio. No es normal que nadie viva amenazado. El mismo fenómeno se ve en otros países pero en Argentina se va naturalizando. Todos los días surjen amenazas, se hacen repudios pero en el orden de la programación del abordaje no se cambia. Siempre tenemos el temor que un juez o un fiscal terminen muertos. En 2022, cinco fiscales fueron asesinados en América Latina”, advirtió Toranzos.
“Hay una cierta incapacidad de comprender el fenómeno. No se puede tomar este delito de manera aislada, sino que es una acción delictiva que promueve otros”, planteó. “La boca de venta de drogas en un barrio crea una sensación de violencia en el lugar, de amenazas, hay competencia con otros vendedores. Eso produce un ambiente de irritación comunitaria. Muchas veces se entendió que era un tema de jurisdicciones. Si tenia que investigar la justicia federal o la local. Pero no es una problemática de una jurisdicción. Ahí falta un abordaje integral”, analizó.
Por su parte, según Toranzos “sumar manos de manera no organizada o no planificada no necesariamente es un buen abordaje”. “El narco gasta mucho en su impunidad, tiene un poder corruptivo muy grande. Eso se tiene que contrarrestar con instituciones fuertes. Pelear contra el narcotráfico sin tener en cuenta el delito de corrupción es en vano”, planteó y también señaló que la Argentina hace mucho tiempo dejó ser un país se tránsito de la droga: “El narcotráfico tiene por cultura y forma de ejecución ir dejando parte de su droga en las jurisdicciones por las que pasa para pagar el transporte. Y donde se deja mucha droga es en ciudades con puertos, grandes urbes, y así ya son lugares de destino y no de tránsito”.
“Existen distintos focos en distintos lugares del país que están en ebullición y que pueden transformarse en lo que ocurre en Rosario. El esfuerzo de fiscales y jueces si no son acompañados y protegidos con un abordaje integral muy poco van a poder hacer. Lo que exigimos es una política pública que haga un diagnóstico por región, que sea parte de un plan programado a nivel nacional en el que se refuerce el control de la frontera, el trabajo de los funcionarios públicos”, concluyó el funcionario.
