Por segundo año consecutivo, la Argentina registró en 2025 la tasa de homicidios dolosos más baja desde que existen estadísticas oficiales, al tiempo que los robos alcanzaron su nivel mínimo histórico.
Así lo informó este jueves el Ministerio de Seguridad de la Nación, al presentar los datos preliminares del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), en una exposición que volvió a poner a Rosario y al Plan Bandera en el centro de la estrategia oficial contra el crimen organizado.
La conferencia de prensa fue encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otros funcionarios.
En tanto que acompañando a Monteoliva estuvieron el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, y el director nacional de Estadísticas Criminales, Marco Gonzalez. Allí se difundieron los primeros resultados consolidados del año pasado, que serán completados el próximo mes con la publicación definitiva del SNIC.
Según los datos oficiales, el 2025 cerró con una tasa de 3,7 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representa una reducción del 17% respecto de 2023, cuando ese indicador se ubicaba en 4,4.
“Si comparamos la cantidad de vidas desde 2023 a la fecha, son 392 homicidios que no ocurrieron. Para nosotros cada vida cuenta”, subrayó Monteoliva, al destacar el impacto concreto de las políticas implementadas.
Plan Bandera
La ministra remarcó que la baja se explica, en gran medida, por el despliegue focalizado de fuerzas federales en los territorios más violentos del país, con especial énfasis en Rosario.
“Enfocamos el primer año de gestión en el Plan Bandera y logramos resultados significativos. En este segundo año, la tendencia sigue descendiendo”, afirmó. En las zonas rosarinas con patrullaje exclusivo de fuerzas federales, el descenso de los homicidios alcanzó el 22% durante 2025.
En términos comparativos, Monteoliva sostuvo que Argentina volvió a ubicarse como el país con la tasa de homicidios más baja de la región por segundo año consecutivo y como el que más contribuyó a la reducción regional de este delito. Además, precisó que 15 de las 24 jurisdicciones del país mejoraron sus indicadores, lo que consolida una tendencia de alcance federal.
El informe preliminar también ratifica patrones estructurales: el 51% de los homicidios se cometieron con armas de fuego, el 82% de las víctimas fueron hombres y el 63% de los hechos ocurrieron en la vía pública.
Un dato relevante es que solo el 19% de los homicidios estaría vinculado al crimen organizado, una proporción muy inferior al promedio latinoamericano, que supera el 50%, según estadísticas de Naciones Unidas.
Plan 90/10
Otro de los ejes destacados por la ministra fue el Plan 90/10, una estrategia diseñada para intervenir de manera intensiva en los territorios que concentran la mayor violencia.
Según explicó Monteoliva, el diagnóstico que guía el programa indica que el 90% de los homicidios se concentra en apenas el 10% del territorio, por lo que el objetivo no solo es reducir las tasas en términos absolutos, sino también achicar progresivamente las zonas donde se producen los hechos más graves.
En ese marco, el despliegue focalizado de fuerzas federales en provincias como Córdoba, Mendoza, Tucumán y Buenos Aires mostró descensos sostenidos, mientras que -como se dijo- en Rosario el esquema se articuló con el Plan Bandera, reforzando el control territorial y la presencia permanente en los barrios más afectados por el crimen organizado.
Robos simples y agravados
En paralelo, el Gobierno destacó el descenso histórico en los robos simples y agravados. La tasa registrada en 2025 se equipara a la de 2020, en plena pandemia, pero sin restricciones de circulación.
“La baja es homogénea en todas las jurisdicciones y no hay ninguna provincia que haya incrementado sus niveles”, señaló la ministra, quien advirtió sobre una mutación del delito hacia modalidades no presenciales, como las estafas virtuales.
La ministra destacó el descenso histórico en los robos simples y agravados. Foto: Gentileza
Finalmente, Monteoliva afirmó que estos indicadores permiten afinar las decisiones de despliegue y coordinación con las provincias. “Tomamos decisiones con base en la evidencia. Los datos nos muestran cómo vamos y de qué manera se están generando resultados positivos frente al delito y las organizaciones criminales”, concluyó.
