En 2022 hubo más de 200 muertes violentas sólo en Rosario y el problema se agravó en el inicio del 2023. En este contexto, en las últimas horas, el ministro de la Corte Suprema de la Nación Horacio Rosatti le pidió a Aníbal Fernández, titular de la cartera de Seguridad, protección para jueces y fiscales federales, tras las amenazas que sufrieron el magistrado de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, y el fiscal Javier Arzubi Calvo, junto a un grupo de funcionarios judiciales en Rosario. La tensión por la escalada de violencia en Santa Fe no cesa y desde el ministerio de Seguridad se comprometieron a intensificar la custodia y evaluar medidas de protección, pero por el momento no hay avances en la materia.
Los planteos a Aníbal Fernández se suman a los cuestionamientos que encabezó el Gobierno provincial, detrás de los dichos del gobernador Omar Perotti, quien reclamó mayor presencia de Nación en la tarea. En la misma línea, el nuevo jefe de la cartera de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, expresó que “la Policía y el servicio penitenciario provincial son los pilares fundamentales de esas políticas públicas de seguridad”.
“En ese entendimiento, es donde el Ministerio de Seguridad no solamente debe controlar y supervisar el ejercicio de ese Gobierno y administración de fuerzas policiales, sino que además debe acompañar a asistir, motivar e incentivar para la mejor consecución del logro”, advirtió.
En este contexto, según un relevamiento de la Fundación Apertura, Santa Fe se encuentra entre los últimos lugares entre las provincias que más recibieron presupuesto para seguridad durante el periodo 2022. A pesar de la compleja situación en materia de inseguridad y narcotráfico que afecta al territorio santafesino y especialmente a Rosario, el Gobierno nacional solo destinó $2.224 habitante/año. El promedio de todas las provincias fue de $8.613habitante/año. Es decir que Santa Fe recibo menos del 26 % del promedio Nacional. La suma de CABA y Buenos Aires recibió $9854/habitante /año.
“Analizamos la ejecución presupuestaria del presupuesto nacional. La ciudadanía, en general, no conoce que el proceso inflacionario termina distorsionando el presupuesto que se vota en el Congreso Nacional. Los presupuestos son estimaciones de recursos y autorizaciones para gastar, pero la inflación hace que el Ejecutivo deba vía decretos, reasignar partidas de gastos y de recursos”, destacaron en un comunicado desde Fundación Apertura.
Y agregaron que “este proceso de reasignación altera el espíritu con el que se vota el presupuesto, porque se generan provincias ganadoras y provincias perdedoras. Es esencial que las Provincias monitoreen las reasignaciones presupuestarias parciales, que se publican todas las semanas desde el Ministerio de Economía de la Nación, porque de lo contrario pueden quedar perjudicadas en este proceso permanente de redistribución de recursos”.
“Como todos sabemos en nuestra provincia el 80% de las muertes violentas se generan alrededor del narcotráfico, que es un delito federal. Es decir que debe ser atendido por los Jueces, fiscales y fuerzas federales. Por eso, ver si los recursos son poco o muchos muestra objetivamente que apoyo tiene nuestra provincia desde el Estado Nacional en este problema concreto”, concluye el informe.
