La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, volvió a defender este jueves el paquete de reformas en materia de Seguridad impulsado por la gestión de Maximiliano Pullaro y sostuvo que la Provincia necesita “profundizar” las herramientas para combatir el delito y consolidar la baja de la violencia registrada en los últimos dos años.
Durante una conferencia de prensa realizada en Rosario, la funcionaria puso el foco en el proyecto denominado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, enviado recientemente a la Legislatura provincial.
“En 2023 encontramos que Santa Fe estaba signada por las mafias y el delito. Pullaro puso lo que tenía que poner: planificación, operatividad policial e inversión”, afirmó Coudannes, quien aseguró que las políticas implementadas “requirieron mucho coraje” y que “los datos están a la vista”.
La vocera también cuestionó a sectores opositores que criticaron algunas de las iniciativas y apuntó contra diputados nacionales del justicialismo que votaron en contra de la baja de la edad de imputabilidad.
“No vamos a retroceder contra la delincuencia, las amenazas y las banderías. Lo que importa es el derecho de las víctimas”, remarcó.
Entre los resultados de la actual política de seguridad, Coudannes destacó que la Ley de Narcomenudeo permitió realizar más de 2.600 allanamientos en dos años.
“Hay una policía, una PDI y una fiscalía ordenada para eso, pero también hay una conducción”, sostuvo.
La funcionaria explicó que, tras las reformas aprobadas entre fines de 2023 y comienzos de 2024, ahora el Gobierno busca “darle una vuelta de rosca más” al sistema para actuar “con más celeridad y tener un dinamismo distinto”.
“La gente está podrida de esperar”, enfatizó.
Entre las medidas incluidas en el nuevo paquete legislativo aparece la posibilidad de habilitar allanamientos ante casos de tenencia de armas de fuego en la vía pública, bajo el argumento de que esa persona “puede tener más armas en su domicilio”.
También se contempla el derribo de búnkeres por orden fiscal sin autorización judicial previa, definido por el Gobierno como “una medida excepcional para situaciones de urgencia”.
Otro de los puntos centrales es la creación de un régimen agravado para internos reincidentes que ordenen delitos desde las cárceles, iniciativa que, según la vocera, complementa el actual sistema de alto perfil penitenciario.
Además, el proyecto incorpora el fortalecimiento de tareas de inteligencia criminal y ciberpatrullaje, junto con herramientas de inteligencia digital.
El paquete también propone ampliar los programas de recompensas para investigaciones vinculadas a desarme, búsqueda de personas y obtención de información relevante para causas penales.
En paralelo, se impulsa la creación de “Zonas de intervención policial especial”, áreas identificadas por altos niveles de criminalidad donde las fuerzas de seguridad tendrían facultades extraordinarias de actuación.
“La policía se ha empoderado”, afirmó Coudannes, quien pidió “no volver para atrás” y transformar las políticas de seguridad en “una política de Estado”.
Para reforzar ese planteo, comparó las cifras de homicidios registradas durante la actual gestión. Según indicó, en lo que va de 2026 se contabilizaron 54 asesinatos, frente a los 180 ocurridos en el mismo período de 2023.
“Superamos una primera fase de emergencia y hoy necesitamos profundizar y sostener este camino que está dando resultados”, concluyó.
