“Rosario no tiene Justicia Federal”. La frase, fuerte, con tono de sentencia, la pronunció el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta. Y aunque aclaró enseguida que lo dijo “en sentido figurado” y no de forma literal, su intención fue reflejar cuál es la realidad de este poder del Estado en una ciudad en la que la narcocriminalidad riega con sangre sus calles. Por eso, apeló a otra descripción que se le parece bastante a aquella: «La Justicia Federal está desguazada en nuestra ciudad».
“No es por culpa de los jueces o de los fiscales federales, sino porque acá hay una responsabilidad muy grande de los poderes del Estado nacional, e incluso del Consejo de la Magistratura y de la Procuración de la Corte de la Nación. El cargo de fiscal general de Rosario está vacante desde hace cuatro años. Rosario tiene tres fiscales federales para investigar, nada más y nada menos, que delitos complejos como narcotráfico, lavado, trata, incendios en la islas…”, detalló luego Erbetta en diálogo con Marcelo Fernández en «Con sentido común», por CNN Radio.
La descripción del juez supremo fue más allá: “Lo digo con todo respeto: tenemos un Congreso que no funciona, un Consejo de la Magistratura que no funciona… hay responsabilidad de todas las fuerzas políticas. Santa Fe necesita que se implemente rápidamente la reforma del sistema acusatorio. Es prioridad. Implementar el acusatorio significa dotar de recursos tecnológicos y fundamentalmente de recursos humanos. No nos sirve que la Justicia Federal siga sumando jueces, a pesar de que son necesarios, pero no podemos abordar la problemática con tres fiscales, de los cuales uno trabaja en Victoria y en Rosario, y otro trabaja en Venado Tuerto, Rosario y San Nicolás”.
Por todo esto, Erbetta consideró que “hay una cuestión pendiente” de parte de la Justicia Federal a la hora de sumarse a la pelea contra el narcodelito en Rosario. “Está faltando esa pata. Es una realidad, prácticamente tenemos una Justicia Federal que está desguazada en nuestra ciudad”, añadió.
El titular del máximo tribunal de Justicia de la provincia motorizó la última semana un encuentro con actores clave para pensar cómo articular acciones contra la violencia. Entre ellos, el ministro de Seguridad Claudio Brilloni, a quien calificó como “una persona muy predispuesta” para el trabajo.
“Esta convocatoria en realidad fue una iniciativa de la Corte aunque no sea estrictamente de su incumbencia –aclaró sobre esa reunión–; pero como cabeza de poder del Estado asumimos la responsabilidad de colaborar en lo que más se pueda en una cuestión tan compleja y que tanto nos afecta, fundamentalmente a los rosarinos, porque la realidad de la provincia es muy diversa”.
“El encuentro tuvo que ver en esta primera etapa con la posibilidad de generar acciones posibles, viables y de rápida concreción, que apuntan a mejorar la calidad y el resultado de las investigaciones criminales en materia de homicidios dolosos. Con el ministro de Seguridad coincidimos en los diagnósticos. Puntualmente hablamos de hechos en los que se nota falta de coordinación entre las agencias y los operadores que intervienen desde la escena del hecho hasta el esclarecimiento. Entonces pudimos allí llegar a un diagnóstico consensuado de la situación y ya generamos reuniones para capacitar a médicos de policías y coordinadores de escena del crimen. Yo voy a reunirme con gente del gobierno por recursos tecnológicos e insumos y la elaboración de protocolos de actuación que permitan una labor coordinada de estas agencias. Todo esto va a traducirse en un resultado mucho más positivo”, describió Erbetta sobre los temas tratados el último viernes en los Tribunales provinciales de Rosario.
“Lo otro tuvo que ver con la etapa previa, con lo más importante, que es ver cómo hacemos para bajar este récord nacional (NdR: de muertes) que ya lo tuvimos en 2013. Es preocupante, porque si éste fuera un problema que surgió ayer… pero no, venimos desde 2013 con récords de homicidios en el país. Estamos en 2022 y la cosa persiste, evidentemente esto nos debe interpelar. No podemos permitir que una situación de este tipo se prolongue durante un decenio. Y no puede ser que no se le encuentre una vuelta como para colocarnos en un nivel que tenga más que ver con la realidad de la Argentina y no con la de Brasil o de algún otro país que tienen tasas de homicidios no muy auspiciosas”, consideró luego.
Tal como ha marcado en otras oportunidades, el magistrado subrayó que “la disminución de la conflictividad y de la criminalidad tiene que ver también con políticas primarias: en la medida en que uno pueda generar más acceso a la educación, al empleo, más urbanización, más presencia del Estado en barrios que están desmadrados y desprotegidos, habrá un impacto indirecto”. Y agregó: “En materia estrictamente criminal, hay tres grandes actores: la Policía, los fiscales y la cárcel. Tenemos problemas gruesos en el primer eslabón y en el último, en la Policía y en la cárcel”.
Erbetta hizo hincapié en la necesidad de que el Estado actúe directamente para resolver los delitos que nacen intramuros. “El ministro de Seguridad está tomando medidas, tiene más o menos un diagnóstico de la situación; hay un fuerte reclamo de distintos sectores porque está comprobado que muchos de los delitos que azotan a Rosario se ordenan desde la cárcel. Esto es insostenible. Allí hay varios problemas que abordar”, sostuvo.
De inmediato, señaló tres cuestiones clave: “Uno de los problemas es la inteligencia en el sistema carcelario, necesaria para prevenir, es algo que en cualquier país del mundo se lleva adelante. Otra cuestión es que la actividad de los fiscales y jueces penales de Rosario es una actividad superlativa, que duplicó la tasa de encierro en diez años. Ahora, sube la tasa de encierro pero se mantiene la cantidad de personal penitenciario; entonces, quién tiene el gobierno de la cárcel. En tercer lugar, el control y en estos van las condiciones de trabajo, de los salarios, etcétera, que debe tener el personal penitenciario como el control de la Policía. Lamentablemente, no sólo hay un problema de infidelidad funcional en el sistema penitenciario, sino que también parte de la Policía no sólo ha vendido protección sino que ha pasado a gerenciar algunas organizaciones”.
El presidente de la Corte Suprema consideró que realizar la reforma policial en Santa Fe es una “obligación moral” de los legisladores. “La reforma policial debió haberse hecho hace diez años ocho, seis… hoy ya no es urgente la reforma policial, hoy ya es una obligación moral de los legisladores y los poderes públicos de Santa Fe. No podemos seguir con esta estructura de la agencia policial, es necesario cambiar muchas cosas; entre tanto, el ministro Brilloni deberá poner en caja esta suerte de atomización que se ha producido dentro de la propia fuerza y además conseguir que la Policía recupere el control de la calle, porque no hay ninguna duda de que en Rosario la Policía no tiene el control de la calle”, enfatizó. Y agregó: “¿Ustedes piensan que en Córdoba o en el Conurbano no hay droga? Claro, que hay. Sin embargo, no tienen esta tasa de homicidios. La provincia de Buenos Aires tiene un promedio de 4.4 muertos por cada 100 mil habitantes; a lo mejor hay zonas donde llegan a 10, pero en ningún caso llegan a los 22 muertos cada 100 mil habitantes como Santa Fe. Es un dato más que llamativo que cualquier entendido sabe leer”.
