La puesta en marcha de la nueva Ley de Seguridad Privada impulsada por la gestión de Maximiliano Pullaro comenzó a mostrar resultados concretos en el funcionamiento del sistema de emergencias 911. Desde su implementación, las alarmas fallidas provenientes de empresas de monitoreo se redujeron un 30% en toda la provincia de Santa Fe.
De acuerdo con los datos oficiales, se registraron 15.659 llamadas menos al 911 vinculadas a falsas alarmas, una problemática que durante años generó una importante demanda de recursos policiales y afectó la capacidad de respuesta ante situaciones reales de emergencia.
La normativa estableció nuevas obligaciones para las empresas de monitoreo y reforzó los controles sobre el funcionamiento de los sistemas de alarma, con el objetivo de disminuir las activaciones erróneas que derivaban en intervenciones innecesarias de las fuerzas de seguridad.
Desde el Gobierno provincial destacaron que la reducción de las falsas alertas permitió liberar recursos operativos y mejorar la eficiencia del sistema de seguridad pública.
Entre los principales beneficios observados se encuentran una mejor distribución de los móviles policiales, un patrullaje más eficiente y una disminución en los tiempos de respuesta ante hechos que requieren intervención inmediata.
Las autoridades remarcaron que la saturación del sistema 911 por llamadas incorrectas o alarmas mal verificadas representaba uno de los principales desafíos para la gestión de emergencias, ya que obligaba a destinar personal y vehículos a situaciones que finalmente no implicaban ningún riesgo.
En ese marco, la nueva legislación busca fortalecer la coordinación entre el sector privado y el sistema de seguridad pública, garantizando que los recursos policiales se concentren en eventos reales y de mayor relevancia operativa.
Desde la administración provincial sostienen que los resultados obtenidos hasta el momento ratifican la efectividad de la medida y contribuyen a consolidar una estrategia integral orientada a mejorar la prevención, el control y la capacidad de respuesta en materia de seguridad.
