Entre octubre y noviembre se producirá la renovación de la mayor parte de los 20 integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, en un proceso atravesado por disputas políticas y judiciales que puede modificar el equilibrio interno del organismo.
Los jueces elegirán directamente a sus representantes el 8 de octubre, mientras que los abogados lo harán el 20 de octubre. El estamento académico tendrá un proceso mixto durante septiembre y los ocho representantes del Congreso serán designados por las respectivas cámaras, de acuerdo con la composición de los bloques.
El recambio adquiere especial relevancia por el contexto en el que se produce: una gran cantidad de vacantes en la Justicia nacional y federal, la discusión sobre una reforma del sistema de concursos y una disputa jurídica sobre las reglas que regulan la continuidad de los propios consejeros.
El Consejo tiene a su cargo la selección de candidatos a jueces, las facultades disciplinarias, la administración del Poder Judicial y la posibilidad de impulsar procedimientos que pueden derivar en la remoción de magistrados. Por eso, la nueva composición es seguida de cerca por el Gobierno de Javier Milei, el peronismo, la UCR, el PRO y las principales agrupaciones de jueces y abogados.
Jueces: cuatro listas
El estamento judicial elegirá cuatro consejeros titulares y doce suplentes el 8 de octubre. Podrán votar los magistrados titulares y subrogantes incluidos en el padrón definitivo.
La competencia tendrá cuatro listas, luego de que una nueva vertiente se desprendiera del espacio tradicionalmente identificado con la Lista Celeste.
La Lista Bordó, de perfil más conservador, propone al juez civil y presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, y a la camarista federal de Resistencia, Rocío Alcalá.
La Lista Celeste lleva como candidatos al camarista del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín, Walter Venditti, y a la camarista civil Paula Castro.
En paralelo, una segunda lista identificada con el kirchnerismo propone a Gabriela Vázquez, exconsejera y camarista laboral, y a Alejo Ramos Padilla, juez federal electoral de la provincia de Buenos Aires.
Las dos listas impugnaron mutuamente sus candidaturas, aunque la junta electoral resolvió admitirlas provisoriamente.
La cuarta nómina es Compromiso Judicial, que lleva al exconsejero y juez federal de Tres de Febrero Juan Culotta y a la jueza de la Cámara Criminal Magdalena Laiño.
La pelea por la reelección
Uno de los principales conflictos previos a la elección estuvo relacionado con la posibilidad de que los consejeros pudieran ser reelegidos de manera inmediata.
El juez Diego Barroetaveña, actual integrante de la Lista Bordó y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, había iniciado una acción judicial para determinar si podía volver a postularse.
El planteo se apoyaba en la decisión de la Corte Suprema que, en 2021, declaró inconstitucional la integración de 13 miembros del Consejo y ordenó recuperar la composición de 20 prevista en la legislación anterior. Barroetaveña sostuvo que esa restitución podía alcanzar también la norma que permitía la reelección.
La postura contraria sostuvo que la Corte solamente había restablecido las reglas necesarias para recuperar la integración de 20 miembros y que la prohibición de reelección inmediata continuaba vigente.
Finalmente, Barroetaveña desistió de su acción y quedó fuera de la contienda.
Una discusión similar alcanzó a las abogadas Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, integrantes del actual Consejo, quienes también habían buscado habilitar judicialmente su continuidad. Ambas terminaron retirando sus planteos.
Abogados: una elección nacional
Los abogados elegirán a sus representantes el 20 de octubre. Se trata de un único distrito electoral nacional y se elegirán cuatro titulares y sus respectivos suplentes.
Las listas deberán cumplir con requisitos de representación: al menos dos mujeres, dos abogados del interior y un representante de la Ciudad de Buenos Aires.
El reparto de los cargos se realizará mediante el sistema D’Hondt, por lo que la construcción territorial de las listas será determinante. La elección no se define solamente en Buenos Aires: los votos obtenidos en el interior pueden resultar decisivos para conseguir representación.
El plazo para presentar las listas vence el 14 de septiembre, por lo que todavía resta conocer la configuración definitiva de la competencia.
Entre los nombres que aparecen con mayor fuerza está Alberto Biglieri, impulsado por Abogados por Argentina y con respaldo del radicalismo y de sectores del interior.
El actual mapa de la abogacía dentro del Consejo reúne perfiles diversos: Jimena de la Torre, vinculada al PRO y Juntos por el Cambio; Fernanda Vázquez, cercana al universo académico y político de Diego Molea; César Grau, abogado rosarino que suele coincidir con posiciones del peronismo; y Alberto Maques, ligado al ámbito de la abogacía porteña.
Sin embargo, los consejeros abogados son elegidos por sus pares y no mediante boletas partidarias nacionales, aunque la fuerte politización del proceso vuelve relevantes sus alineamientos y afinidades.
Académicos: una disputa judicial
El estamento académico también quedó envuelto en una controversia.
Uno de los dos lugares ya está definido: Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y exintegrante del Consejo, fue elegido por unanimidad por el Consejo Interuniversitario Nacional para el período 2026-2030.
La disputa se concentra en el segundo representante. El CIN estableció un sistema indirecto: primero, los profesores titulares regulares de las carreras de Abogacía de las universidades nacionales elegirán representantes para un Colegio Electoral y luego ese cuerpo designará al consejero.
El cronograma prevé la elección de los integrantes del Colegio Electoral el 24 de septiembre y la designación definitiva del consejero el 30 de septiembre.
La Universidad de Buenos Aires cuestionó ese mecanismo. El rector Ricardo Gelpi y el decano de Derecho, Leandro Vergara, presentaron un amparo para que los profesores titulares elijan directamente al representante.
La jueza electoral María Romilda Servini se declaró incompetente y remitió el expediente al fuero contencioso administrativo federal. Por eso, la disputa judicial todavía puede afectar el cronograma de renovación.
El Congreso redefine fuerzas
Los ocho representantes legislativos tampoco surgen de una elección directa. Son designados por los presidentes de Diputados y del Senado a propuesta de los bloques, respetando la representación parlamentaria.
Cada cámara aporta cuatro consejeros: dos por el bloque con mayor representación y uno por cada una de las dos primeras minorías.
Aquí aparece uno de los principales cambios políticos respecto de la composición actual. Las elecciones legislativas de 2025 modificaron el peso relativo de los bloques y La Libertad Avanza pasó a ser la primera minoría en Diputados, por lo que el oficialismo busca trasladar esa nueva relación de fuerzas al Consejo.
En el Senado, en cambio, la disputa es más estrecha: el oficialismo y el bloque justicialista tienen fuerzas similares, mientras el peronismo cuenta con aliados que pretende hacer valer para conservar su representación.
La actual composición parlamentaria todavía refleja parcialmente el escenario surgido de las elecciones de 2021 y 2022. En Diputados están Álvaro González, Gonzalo Roca, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade. En el Senado, Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde, Eduardo Vischi y Luis Juez.
El impacto sobre los jueces
El resultado del recambio tendrá consecuencias que exceden la integración formal del organismo. La nueva composición deberá intervenir en un escenario de numerosas vacantes judiciales, seleccionando candidatos cuyos pliegos posteriormente deberán ser aprobados por el Senado.
A eso se suma la reforma del sistema de concursos. En abril, el Consejo comenzó a analizar una modificación del reglamento a partir de la propuesta comunicada por la Corte Suprema mediante la Acordada 4/2026.
Por eso, la renovación de 2026 no sólo definirá quiénes ocuparán los 20 lugares del Consejo: también determinará quiénes tendrán la llave para intervenir en la selección de los próximos jueces nacionales y federales.
La disputa por las vacantes, las reglas de los concursos, la representación parlamentaria y los límites a la reelección convergen así en un mismo proceso. El resultado puede convertirse en uno de los movimientos institucionales de mayor impacto sobre la Justicia durante los próximos años.
