El Senado de Santa Fe reclamó que Nación regularice una deuda estimada en $59.000 millones con el sistema de bomberos voluntarios, correspondiente a fondos que se recaudan a través de los seguros y que tienen asignación específica para sostener a los cuarteles de todo el país.
La Cámara alta provincial aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación presentado por el senador por San Justo, Rodrigo Borla, para que el Poder Ejecutivo santafesino acompañe formalmente el planteo de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
El reclamo alcanza a más de 1.100 cuarteles distribuidos en Argentina.
De dónde salen los fondos
El sistema se financia parcialmente con un aporte incluido en las pólizas de seguros.
Cada contratación aporta el equivalente al 0,5% del valor, dinero que recauda la Superintendencia de Seguros de la Nación y que debe destinarse al Fondo Nacional de Bomberos Voluntarios.
Según las asociaciones, esas transferencias dejaron de realizarse con normalidad desde 2025.
La legislación que sostiene el mecanismo se apoya en la Ley 27.629, sancionada en 2021, que reforzó el esquema creado originalmente a fines de la década de 1990.
Equipamiento y funcionamiento en riesgo
Las entidades advierten que la falta de fondos complica la compra de vehículos, elementos de protección personal, herramientas y equipamiento para incendios y rescates.
También impacta sobre el mantenimiento cotidiano de unidades y cuarteles.
Borla destacó que los bomberos voluntarios brindan un servicio esencial y actúan en incendios, accidentes viales, inundaciones, rescates y otras emergencias sin percibir remuneraciones por esa tarea.
La iniciativa del Senado busca fortalecer un reclamo que ya tuvo manifestaciones públicas, entre ellas un “sirenazo” realizado recientemente en distintos puntos del país.
También reclaman pagos por intervenir en rutas concesionadas
El pedido no se limita a los fondos retenidos.
Las asociaciones reclaman además que los futuros contratos de concesión de rutas nacionales contemplen compensaciones para los cuarteles que intervienen en accidentes dentro de corredores administrados por empresas privadas.
La propuesta plantea que las concesionarias afronten una contraprestación mensual por disponibilidad y reintegren gastos extraordinarios o daños en vehículos y equipamiento derivados de esas intervenciones.
Actualmente, los cuarteles deben afrontar con recursos propios el combustible, personal, unidades y elementos utilizados en esos operativos.
Con el pronunciamiento unánime del Senado, Santa Fe busca ahora que el gobierno provincial lleve el reclamo ante Nación y acompañe a las asociaciones para lograr tanto la liberación de los fondos pendientes como un nuevo esquema de financiamiento para emergencias en rutas concesionadas.
