La política salarial acordada entre el Gobierno de Santa Fe y los gremios estatales quedó 0,1 punto porcentual por encima de la inflación en los primeros dos meses del segundo semestre. Entre julio y agosto, los aumentos acumulados alcanzaron el 3,8%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial marcó una variación del 3,7%.
El comportamiento mensual fue dispar. En julio, los salarios aumentaron 2%, frente a una inflación del 1,9%. En agosto, en tanto, la actualización fue del 1,8%, exactamente el mismo porcentaje registrado por el Ipec para los precios.
De esta manera, y con cuatro meses todavía por delante del acuerdo, la pauta salarial mantiene hasta ahora una evolución levemente superior al incremento de los precios en la provincia.
El refuerzo para los salarios más bajos
La diferencia es más marcada entre los trabajadores que perciben los haberes más bajos. El acuerdo paritario incorporó mínimos garantizados que elevan el porcentaje de aumento efectivo por encima de la pauta general.
Tomando como referencia los salarios de junio, la mejora llegó al 7% en julio y al 8,7% en agosto para las categorías alcanzadas por esos pisos. El mecanismo busca que la actualización tenga un impacto mayor sobre quienes se encuentran en la base de la escala salarial.
Cómo sigue la paritaria
El acuerdo establece una mejora acumulada de hasta 10,1% entre julio y diciembre, con aumentos mensuales decrecientes: 2% en julio, 1,8% en agosto, 1,7% en septiembre, 1,6% en octubre y 1,5% en noviembre y diciembre.
Además, los mínimos garantizados crecerán progresivamente hasta alcanzar $180.000 en diciembre, con incidencia sobre el aguinaldo.
La pauta del segundo semestre se suma a la recomposición aplicada durante la primera mitad del año, que había establecido un piso del 17,1% para compensar la evolución de la inflación medida por el Ipec.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el esquema apunta a recomponer los ingresos de los trabajadores estatales, con un refuerzo específico para los salarios más bajos, al tiempo que procura sostener la prestación de los servicios públicos y la inversión en la provincia.
