El Gobierno de Santa Fe reglamentó la capacitación obligatoria, periódica y permanente sobre la Cuestión Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública dentro del Poder Ejecutivo provincial.
La medida alcanza a empleados y funcionarios de todos los niveles y jerarquías, sin importar la modalidad de contratación. También incluye a organismos descentralizados, entes autárquicos, instituciones de la seguridad social, fuerzas de seguridad provinciales, empresas y sociedades del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria.
La disposición surge de la reglamentación de la Ley provincial 14.255, sancionada en marzo de 2024, mediante la cual Santa Fe adhirió a la Ley nacional 27.671, aprobada por el Congreso en julio de 2022. La normativa establece la formación obligatoria sobre la Cuestión de las Islas Malvinas para quienes trabajan en la función pública.
20 horas y cuatro semanas
El curso tendrá una carga de 20 horas, distribuidas en cuatro semanas, y se realizará de manera virtual, continua, autogestionada y asincrónica a través de la plataforma oficial que determine la Provincia.
Para los trabajadores del Poder Ejecutivo, el tiempo destinado a la capacitación será computado dentro de la jornada laboral. Quienes aprueben recibirán una certificación oficial individual emitida por la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública.
Además, la acreditación del curso será un requisito vinculante para promociones, ascensos, concursos de la carrera administrativa, asignación de subrogancias y procesos de titularización.
La Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública deberá informar periódicamente a las áreas de personal quiénes hayan obtenido la certificación, con el objetivo de identificar a quienes todavía no hayan cumplido con la capacitación.
Qué contenidos tendrá
La Secretaría de Relaciones Internacionales del Ministerio de Gobierno será la responsable principal de implementar la normativa y deberá elaborar los contenidos mínimos obligatorios.
El programa deberá abordar los antecedentes históricos, geográficos y jurídicos vinculados con los derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
También incluirá los marcos constitucionales nacional y provincial, las resoluciones de Naciones Unidas, la perspectiva geopolítica y estratégica del Atlántico Sur, sus recursos naturales, la memoria y la identidad, además del reconocimiento a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.
La normativa prevé, además, que los contenidos sean actualizados periódicamente y establece un mecanismo para evaluar y eventualmente homologar capacitaciones similares realizadas previamente en universidades, institutos u otros poderes del Estado.
El decreto también contempla la adaptación de los contenidos y las modalidades de enseñanza para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Alcance en los otros poderes
Aunque la ley santafesina establece la obligatoriedad de la capacitación para los tres poderes del Estado, la reglamentación dispone que cada uno determine los mecanismos específicos para su implementación.
En el Poder Judicial, esa tarea quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia, mientras que en el Poder Legislativo serán las autoridades de ambas cámaras las que establezcan cómo se instrumentará.
El decreto, firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros Fabián Bastía y Pablo Olivares, también invita a los demás órganos constitucionales y a los gobiernos locales a adherir a la medida y coordinar sus capacitaciones con la Secretaría de Relaciones Internacionales.
La nueva Constitución
La reglamentación se conoce después de que la Constitución de Santa Fe, sancionada y jurada en septiembre de 2025, incorporara una cláusula específica sobre Malvinas.
El artículo 4 ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, los espacios marítimos e insulares correspondientes, su proyección antártica y la plataforma continental.
El texto constitucional también establece como objetivos permanentes la recuperación de esos territorios, la restitución de la integridad territorial y el ejercicio pleno de la soberanía, además de promover políticas de protección para los veteranos de guerra y políticas educativas vinculadas con la memoria activa.
La incorporación de esa cláusula se produjo con posterioridad a la sanción de la ley provincial que estableció la formación continua sobre la Cuestión Malvinas.
