El intendente Pablo Javkin busca avanzar con la prohibición de los cuidacoches en Rosario, pero el proyecto que envió al Concejo contempla una puerta para habilitar excepciones. La Municipalidad podrá autorizar la actividad en determinados sectores y bajo condiciones que definirá mediante una reglamentación. La iniciativa también establece multas de hasta $930.800 para quienes organicen o coordinen estas prácticas.
El mensaje ingresó al Palacio Vasallo el 15 de octubre y propone adherir a la ley provincial sancionada semanas atrás, además de modificar el Código de Convivencia Ciudadana. La iniciativa todavía debe ser tratada por los concejales.
La prohibición alcanzaría el ofrecimiento de lugares para estacionar y la guarda, el cuidado, el lavado o la limpieza de vehículos en la vía pública a cambio de dinero o cualquier beneficio económico. El texto incluye incluso los casos en los que el pago sea voluntario.
Sin embargo, el segundo artículo reserva al Ejecutivo la facultad de establecer excepciones, definir las zonas habilitadas y fijar requisitos, modalidades y plazos. En los fundamentos, el municipio plantea que busca ordenar el espacio público y prevenir situaciones intimidatorias, extorsivas o violentas, sin descartar modalidades específicas de organización.
Cuánto costarán las infracciones
El proyecto diferencia las faltas comunes de aquellas cometidas bajo circunstancias agravantes. Para quienes desarrollen la actividad sin autorización, la sanción prevista es de 15 a 80 horas de tareas educativas y de concientización, sin multa en ese supuesto específico.
Cuando existan agravantes, la escala sube a entre 10 y 200 unidades fijas (UF), además de 30 a 160 horas de tareas educativas. Según los valores de octubre consignados en el proyecto, las multas van de $23.270 a $465.400.
Entre las circunstancias que agravan la infracción figuran:
- El uso de violencia o amenazas contra personas o bienes.
- La actividad en zonas de estacionamiento medido.
- La presencia en un radio de hasta 20 cuadras de eventos públicos masivos, durante las dos horas previas y la hora posterior.
- El aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad por género, edad o discapacidad.
- El horario nocturno, comprendido entre las 18 y las 6.
- La actividad en zonas escolares, bancarias o de edificios públicos.
Para quienes actúen como organizadores, coordinadores o responsables, la propuesta establece multas de 20 a 400 UF y 160 horas de tareas comunitarias. En valores de octubre, las sanciones económicas pueden llegar a $930.800.
Los importes en pesos se modificarán con las actualizaciones de la unidad fija. Además, el proyecto permite decomisar los elementos utilizados para desarrollar la actividad.
Cuándo puede intervenir la Policía
El esquema municipal se complementa con las sanciones previstas en la legislación provincial. El régimen contempla arrestos de entre 10 y 20 días para casos de reincidencia, con agravantes que pueden elevar las penas.
Por otra parte, los agentes municipales podrán solicitar la intervención y el auxilio inmediato de la Policía de Santa Fe para hacer cesar la infracción y desplazar del espacio público a quienes desarrollen la actividad.
El proyecto aclara que esa intervención es independiente del posterior procedimiento sancionatorio.
La iniciativa también modifica el capítulo del Código de Convivencia referido al uso de la vía pública. Allí se incorporarán las conductas vinculadas con los cuidacoches junto con otras infracciones relacionadas con la obstrucción del tránsito y la ocupación de la calzada sin autorización.
Qué pasará con las personas que viven de la actividad
La propuesta incorpora un componente de reconversión laboral y acompañamiento social. El gabinete social municipal deberá coordinar con la Provincia acciones para facilitar alternativas de empleo a las personas alcanzadas por la prohibición.
Entre las herramientas previstas aparecen la capacitación en oficios, el apoyo a emprendimientos productivos y de la economía social, el acceso a ferias y mercados y la vinculación con programas laborales.
También se contempla acompañar a quienes quieran terminar sus estudios primarios o secundarios y facilitar el acceso a programas de salud mental y abordaje de consumos problemáticos.
El proyecto prevé evaluar periódicamente los resultados de esas medidas.
La discusión en el Concejo no se limitará, por lo tanto, a prohibir y sancionar: también deberá definir el alcance de las excepciones que podrá autorizar el municipio y cómo se implementarán las alternativas sociales y laborales. Hasta que los concejales aprueben la iniciativa, el nuevo esquema local no estará vigente.
