COMERCIO ILEGAL

Mercado Libre y la UIA se sumaron al plan del Gobierno contra el contrabando

El acuerdo establece un sistema de intercambio de información para detectar productos de origen sospechoso y retirar publicaciones irregulares. En una primera etapa, los controles abarcarán celulares, notebooks, cosméticos, juguetes y neumáticos.

El Gobierno firmó un convenio con Mercado Libre, la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras empresas y cámaras del sector comercial para combatir el contrabando y la venta de productos ilegales a través de plataformas digitales.

El acuerdo se rubricó este lunes durante una reunión en la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Economía. Participaron también Meta, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la Asociación de Fabricantes de Artículos de Electrónica (AFARTE), la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) y representantes del retail, entre ellos Frávega y Cetrogar.

El encuentro fue encabezado por Pablo Lavigne, secretario coordinador de Producción, quien destacó el consenso alcanzado para avanzar con la iniciativa. “Rápidamente encontramos un mecanismo para trabajarlo”, señaló el funcionario.

Cómo funcionará el sistema de controles

El convenio establece un mecanismo de intercambio de información entre fabricantes, plataformas digitales y organismos públicos para identificar mercadería cuyo origen se presuma vinculado con actividades ilegales.

Los fabricantes deberán enviar listados actualizados de productos sospechosos, mientras que las plataformas aportarán información y reforzarán los controles sobre los principales vendedores para detectar publicaciones irregulares. Con esos datos, las autoridades podrán avanzar con las fiscalizaciones correspondientes.

Una de las novedades es la incorporación de Mercado Libre a un esquema de identificación y baja de publicaciones que ya tenía antecedentes de aplicación con Meta, propietaria de Facebook e Instagram.

En la primera etapa, los controles sobre la plataforma de comercio electrónico se concentrarán en cinco rubros: celulares, notebooks, cosméticos, juguetes y neumáticos. El sistema también contempla reportes trimestrales y el cruce de información con registros de la Dirección General de Aduanas y la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Otros sectores, como el calzado, los textiles, la indumentaria, los cigarrillos y los agroquímicos, podrían incorporarse en fases posteriores.

El impacto económico del contrabando

Según datos oficiales citados en el marco de la iniciativa, el comercio ilícito representa alrededor del 5% del PBI y provoca pérdidas fiscales estimadas en 2.300 millones de dólares anuales.

El impacto también alcanza a la industria formal. De acuerdo con la III Encuesta de la UIA, seis de cada diez empresas industriales están afectadas por el comercio desleal y cuatro de cada diez enfrentan competencia ilegal en canales electrónicos, incluidas plataformas, redes sociales y marketplaces.

La entidad advirtió que estas prácticas amenazan la competencia leal en un sector que genera alrededor de 1,2 millones de empleos formales y aporta más de una cuarta parte de la recaudación nacional de impuestos.

En el mercado de la telefonía móvil, AFARTE estima que el contrabando podría afectar al 50% de las ventas de celulares proyectadas para 2026.

La directora ejecutiva de la entidad, Ana Vainman, celebró la firma del convenio y lo definió como un punto de partida para combatir la competencia desleal y el ingreso de mercadería ilegal.

El compromiso de los importadores

La CIRA también respaldó la iniciativa y planteó la necesidad de complementar los controles fronterizos con medidas sobre los canales de comercialización.

“Las empresas importadoras que cumplen con la normativa necesitan competir en igualdad de condiciones”, afirmó Fernando Furci, gerente general de la entidad, quien sostuvo que el acuerdo puede contribuir a generar un entorno digital más transparente.

La cámara se comprometió a difundir entre sus empresas asociadas los mecanismos disponibles para aportar información y colaborar con las autoridades.

El convenio apunta a mejorar la competitividad, transparentar los mercados digitales y proteger a los consumidores. Su alcance dependerá de la implementación de los controles, del intercambio efectivo de datos y de la capacidad de los organismos públicos para detectar y fiscalizar las operaciones irregulares.