El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anticipó que enviará nuevos proyectos de seguridad a la Legislatura y sostuvo que la Provincia necesita ampliar las herramientas del Estado para seguir reduciendo la violencia. Lo hizo este miércoles durante el ascenso de 300 agentes penitenciarios, en la ciudad de Santa Fe.
“Nosotros necesitamos más herramientas”, afirmó al defender el paquete de iniciativas impulsado por el Ejecutivo. Además, aseguró que no enviará normas contrarias a la Constitución: “Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional”.
Pullaro respaldó su planteo con cifras de homicidios que atribuyó a su gestión. “Hace tres años a esta altura, teníamos 344 homicidios en la provincia de Santa Fe; hoy tenemos 128”, señaló. Sin embargo, advirtió que la baja de los asesinatos no implica que las bandas hayan dejado de operar. “Las organizaciones criminales aún están activas en la provincia de Santa Fe”, sostuvo, aunque afirmó que permanecen “contenidas” por el Estado.
El mandatario también defendió la construcción de nuevas unidades penitenciarias, en particular la de alto perfil, y destacó el trabajo de policías y agentes penitenciarios. Recordó que, antes de su llegada al gobierno, algunos presos podían impartir órdenes desde las cárceles para cometer homicidios, extorsiones y robos. En ese sentido, atribuyó la recuperación de la tranquilidad en la provincia a quienes integran las fuerzas de seguridad.
Las herramientas que impulsa el Gobierno
El paquete enviado a la Legislatura incluye allanamientos sin orden judicial bajo determinadas condiciones, cuando se compruebe la tenencia de armas u otros materiales controlados en la vía pública y existan indicios de que la persona guarda más elementos en su domicilio.
También propone habilitar interrogatorios policiales a sospechosos y entrevistas fiscales a personas vinculadas con un hecho antes de una imputación. Entre las iniciativas figuran, además, los juicios en ausencia para imputados que se fuguen o no comparezcan pese a estar notificados; decretos penales para casos de penas leves y pruebas contundentes; y zonas de intervención policial especial ante aumentos sostenidos de la criminalidad.
La propuesta contempla asimismo derribos de búnkeres por orden fiscal en circunstancias excepcionales, una ampliación de las facultades de inteligencia y cambios en el programa de recompensas.
Cruces por las garantías constitucionales
Al defender las iniciativas, Pullaro cuestionó a sectores de la abogacía penal que plantean objeciones constitucionales. Dijo que esas críticas provienen principalmente de “los defensores, los abogados penalistas” y les atribuyó intereses vinculados con la defensa de narcotraficantes, sicarios y otros delincuentes.
El gobernador también apuntó contra determinadas decisiones judiciales y repitió una expresión que utilizó durante el acto: “Ese es el garantismo bobo que no queremos que vuelva”. De todos modos, aclaró que su postura no implica desconocer los derechos constitucionales. “Por supuesto que se respeten todas las garantías constitucionales, pero primero y ante todo que se aplique la ley”, sostuvo.
Como antecedente, recordó los habeas corpus que perdió cuando era ministro de Seguridad, al intentar limitar el ingreso de alimentos a las cárceles.
Pullaro vinculó esta discusión con la renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Destacó el proceso de diálogo institucional que permitió proponer seis nuevos integrantes y planteó la necesidad de modernizar el Poder Judicial y mejorar el uso de sus recursos.
Al cierre, pidió reconocer la tarea de policías y agentes penitenciarios y mencionó los espectáculos masivos y los espacios públicos que, según afirmó, la provincia volvió a disfrutar. Sin embargo, insistió en que la lucha contra el delito no está terminada: “No hemos terminado con las organizaciones criminales”.
