El gobierno de Maximiliano Pullaro consiguió este jueves un primer respaldo legislativo para avanzar con su reforma en materia de seguridad. La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto denominado «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública», con 37 votos a favor y 11 en contra.
La aprobación llegó después de una negociación interna dentro del interbloque Unidos, que permitió destrabar diferencias entre los socios del oficialismo y acordar modificaciones al texto original. Este jueves, las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales emitieron dictamen favorable y habilitaron el tratamiento en el recinto.
La iniciativa propone modificar distintas normas provinciales vinculadas con la investigación penal, las facultades policiales y fiscales, el sistema penitenciario y la lucha contra las organizaciones criminales. Sin embargo, algunos de sus artículos más controvertidos debieron ser revisados para conseguir consenso.
Entre los puntos que concentraron las discusiones estuvieron los allanamientos sin orden judicial, las zonas de intervención policial especial y la posibilidad de tomar declaraciones a personas imputadas. La nueva redacción introdujo cambios sustanciales en esos aspectos.
Uno de los principales ajustes establece que los allanamientos excepcionales contemplados en el proyecto deberán contar con una orden del fiscal y quedar sujetos a control judicial. También se eliminó la posibilidad de tomar declaración a un imputado sin la presencia obligatoria de su abogado defensor, en los supuestos que habilitaba el texto original.
Además, quedó afuera el régimen especial que otorgaba facultades policiales ampliadas en zonas atravesadas por situaciones graves de violencia. Se trata de uno de los cambios más relevantes incorporados durante las negociaciones.
La diputada socialista Lionella Cattalini defendió el trabajo legislativo y destacó la necesidad de contar con herramientas eficaces para enfrentar el delito. En declaraciones al móvil de LT10, sostuvo que la Legislatura demostró «una enorme responsabilidad» y remarcó que las leyes deben servir para atacar búnkers, combatir el narcotráfico y el microtráfico y reducir los hechos de violencia.
Desde el peronismo, Celia Arena puso el foco en las políticas vinculadas con la violencia de género y reclamó que las iniciativas se construyan con un amplio nivel de consenso. «Hay una responsabilidad hacia las mujeres de dar respuestas efectivas y con conocimiento y con debate», señaló, al destacar también la diversidad política y la paridad de género en la composición de la Cámara.
El proyecto, que lleva alrededor de cinco meses de debate legislativo y atravesó distintas rondas de consultas, modifica aproximadamente media docena de normas provinciales, entre ellas el Código Procesal Penal y las leyes de Inteligencia, Defensa y Orgánica de la Policía.
Con la media sanción de Diputados, Pullaro consiguió superar una instancia clave de su agenda de seguridad, aunque todavía deberá conseguir el respaldo del Senado para convertir la reforma en ley.
