La crisis política y financiera de Paraguay sumó este miércoles un capítulo explosivo. Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia, pero el Congreso rechazó su salida y resolvió avanzar con el juicio político que podría terminar con su destitución. El mandatario fue convocado por el Senado para este viernes y aseguró que se presentará para ejercer su defensa.
La dimisión fue comunicada mediante un video publicado en su cuenta de X, en el que Peña argumentó que su decisión buscaba preservar «la estabilidad», «la paz social» y las instituciones democráticas. «He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República», expresó, y agregó que ningún cargo puede estar por encima del bienestar del país.
Sin embargo, la sesión parlamentaria convocada para tratar su renuncia terminó sin quórum. Legisladores del Partido Colorado que pretendían aceptar la dimisión abandonaron el recinto cuando advirtieron que estaban perdiendo la votación, lo que impidió continuar con el debate.
Detrás de la controversia hay una cuestión institucional clave: los expresidentes paraguayos pasan a ocupar bancas de senadores vitalicios, con los fueros correspondientes. Por eso, sectores de la oposición y parte del oficialismo resolvieron rechazar la renuncia y mantener abierto el camino hacia el juicio político.
El quiebre definitivo llegó de la mano de Horacio Cartes, expresidente paraguayo y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quien anunció que el Partido Colorado acompañaría el pedido de destitución de Peña.
«No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados», sostuvo Cartes en un mensaje publicado en X. Además, confirmó: «Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República».
El pronunciamiento tuvo un peso político determinante: Cartes fue quien impulsó la candidatura de Peña en las elecciones de 2023 y conserva una fuerte influencia sobre la estructura del Partido Colorado, que ahora le soltó la mano al mandatario.
El juicio político avanzó en Diputados
La ofensiva parlamentaria había comenzado con una acusación presentada por 35 legisladores opositores y disidentes del oficialismo contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, en el marco del artículo 225 de la Constitución paraguaya.
El libelo acusatorio fue impulsado, entre otros, por los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo. Durante la tarde, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio del juicio político y remitió el expediente al Senado.
La Cámara Alta deberá resolver la continuidad del proceso. Para declarar culpables a los mandatarios y avanzar con su destitución se necesitan 30 votos sobre un total de 45 senadores.
El diputado colorado disidente Mauricio Espínola había advertido sobre las consecuencias electorales de la crisis y sostuvo que, si Peña no dejaba el cargo, el Partido Colorado tendría muy pocas posibilidades de conservar el poder en las elecciones presidenciales de 2028.
Ueno Bank, el detonante de la crisis
El escándalo que precipitó la crisis institucional estalló cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
La entidad concentraba cerca de 2,9 millones de clientes en un país de aproximadamente 6,1 millones de habitantes y administraba unos 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS).
La decisión provocó preocupación entre los ahorristas, largas filas en las sucursales y protestas nocturnas en Asunción. Ante la situación, el Banco Central informó que los depósitos estarán cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, con un límite de 75 salarios mínimos por persona.
En su mensaje de renuncia, Peña puso especial énfasis en la situación de los ahorristas y reclamó garantías para la devolución de sus fondos. «Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero», manifestó.
La investigación judicial también golpea al entorno del banco
A la crisis financiera y política se sumó una investigación penal por presuntas irregularidades en operaciones crediticias realizadas entre 2025 y 2026. La Fiscalía imputó a 27 personas, acusadas de participar en maniobras que habrían beneficiado a empresas vinculadas con el mismo grupo económico mediante préstamos y sobregiros otorgados fuera de los parámetros habituales de evaluación de riesgo.
El principal accionista y uno de los fundadores de Ueno Bank, Miguel Vásquez, compareció ante la Fiscalía junto con otros siete directivos.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para los demás ejecutivos. Los involucrados fueron trasladados esposados y con chalecos antibalas ante la presencia de manifestantes que los increparon frente a la sede fiscal.
Con el Congreso decidido a avanzar con el juicio político, el respaldo de Cartes retirado y la investigación sobre Ueno Bank en plena marcha, Paraguay enfrenta una crisis que excede la continuidad de un presidente. La comparecencia de Peña ante el Senado este viernes será una instancia decisiva para el futuro inmediato del Gobierno y la institucionalidad del país.
