La seguridad privada ocupa un lugar cada vez más importante en el esquema de prevención y vigilancia, tanto en empresas y comercios como en barrios, espectáculos y eventos masivos. En Santa Fe, el sector cuenta con miles de trabajadores y cientos de agencias habilitadas, por lo que su regulación y coordinación con las fuerzas públicas representan un desafío para el Estado provincial.

En ese contexto, la provincia canceló durante este año la habilitación de 22 empresas de seguridad privada por incumplimientos reiterados, según informó Karina Chumpitaz, subsecretaria de Enlace con el Sector Privado del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, durante una entrevista con Marcelo Fernández en Radio Fisherton.

La funcionaria explicó que su área tiene como objetivo articular el trabajo entre el Estado y las empresas, cámaras empresariales y asociaciones civiles, incorporando las demandas del sector a las políticas públicas de seguridad.

“Es un trabajo de articulación público-privada en donde se invita al sector privado a participar de políticas públicas en materia de seguridad”, señaló.

Más de 9.000 vigiladores habilitados

Chumpitaz precisó que actualmente Santa Fe cuenta con 9.127 vigiladores privados acreditados y habilitados, de los cuales aproximadamente 6.160 trabajan en Rosario. Esto representa cerca del 70% del total provincial.

Además, indicó que existen 220 agencias de seguridad privada habilitadas por el Ministerio de Justicia y Seguridad.

La subsecretaría tiene bajo su órbita la Dirección de Control de Seguridad Privada, que supervisa no solamente a los vigiladores tradicionales, sino también otras actividades incorporadas a partir de la nueva legislación.

En ese sentido, explicó que la normativa amplió el alcance del control estatal para incluir la seguridad electrónica y las tecnologías aplicadas a la prevención, además de los controladores de admisión y permanencia que trabajan en estadios, recitales y eventos masivos.

Cada vigilador debe contar con una credencial habilitante y cumplir una serie de requisitos establecidos por la normativa vigente.

La nueva ley y las responsabilidades de las empresas

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la nueva ley de seguridad privada, que reemplazó una regulación anterior que, según Chumpitaz, provenía de 1991 y no tenía jerarquía de ley.

La funcionaria destacó que el nuevo marco normativo permitió ampliar las herramientas de fiscalización y establecer responsabilidades no solamente para las empresas prestadoras, sino también para quienes contratan sus servicios.

En ese sentido, hizo especial hincapié en la necesidad de que los particulares, comercios y empresas verifiquen si la agencia que contratan se encuentra debidamente registrada.

“Nosotros tenemos un registro de empresas de seguridad privada que es público”, explicó.

El listado puede consultarse en la página oficial del Gobierno de Santa Fe, dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el área de Control de Seguridad Privada.

La nueva legislación también contempla sanciones económicas para quienes contraten servicios de empresas no habilitadas, una responsabilidad que, según remarcó Chumpitaz, debe ser tenida en cuenta al momento de elegir un prestador.

La subsecretaria sostuvo que el objetivo es proteger a las empresas que trabajan dentro de la legalidad y evitar situaciones de competencia desleal. Sin embargo, aclaró que la fiscalización constituye una responsabilidad exclusiva del Estado.

“El control es un monopolio estatal”, afirmó, y explicó que las inspecciones deben realizarse con criterios objetivos, procedimientos ordenados y sin quedar condicionadas por las disputas comerciales entre las propias agencias.

Seguridad privada y Policía: un trabajo complementario

Otro de los aspectos abordados fue la relación entre los vigiladores privados y las fuerzas de seguridad pública.

Para Chumpitaz, la seguridad privada no debe entenderse solamente como una actividad comercial, sino también como un complemento de la seguridad pública.

Explicó que las funciones son diferentes: mientras la Policía tiene atribuciones vinculadas con la prevención, el policiamiento y la investigación criminal, los vigiladores privados cumplen tareas de observación, vigilancia, persuasión y comunicación de situaciones que pueden requerir intervención policial.

“Es el primer eslabón de la seguridad. El que primero ve las cosas y el primero que tiene que reportar correctamente al 911 tiene que ser el personal de seguridad privada”, sostuvo.

Como ejemplo de esa articulación, mencionó los dispositivos de seguridad implementados durante los Juegos Suramericanos. Según detalló, en Rosario se desarrollaron alrededor de 150 operativos policiales y participaron aproximadamente 350 integrantes de la seguridad privada en espacios como el Fan Fest, la Villa Olímpica y los principales predios deportivos.

La funcionaria destacó el resultado positivo del trabajo conjunto y el desempeño de los vigiladores durante el desarrollo de las actividades.

También señaló que la coordinación entre ambos sistemas resulta cada vez más necesaria ante el crecimiento de los espectáculos, eventos deportivos y encuentros masivos que se realizan en Rosario y otras localidades de la provincia.

Un 50% menos de llamados por alarmas no deseadas

La articulación entre el sector privado y el Ministerio también permitió avanzar en una problemática que preocupaba especialmente a las autoridades: el volumen de llamados al 911 originados por sistemas de alarmas privadas.

Chumpitaz explicó que, a partir de reuniones periódicas con las cámaras empresariales de monitoreo y alarmas, se trabajó sobre los procedimientos de verificación y las buenas prácticas para evitar comunicaciones innecesarias.

Como resultado, se logró reducir un 50% la cantidad de llamados vinculados con alarmas no deseadas.

La funcionaria aclaró que esto no implica desalentar las comunicaciones al 911 cuando existe una situación que requiere intervención policial, sino mejorar los mecanismos de control para evitar falsas activaciones.

“Nosotros no incentivamos el no llamado. Al contrario, hay que llamar al 911”, enfatizó.

En esa línea, adelantó que se trabaja en un sistema diferenciado para las alarmas privadas, que contempla una instancia de verificación previa, en el marco de las herramientas previstas por la nueva ley de seguridad privada.

Según explicó, muchas de las situaciones que generaban activaciones reiteradas pudieron resolverse mediante protocolos técnicos y reuniones con las empresas, evitando que problemas de calibración o fallas en los dispositivos generaran intervenciones innecesarias.

El desafío de ordenar y fortalecer el sector

Finalmente, Chumpitaz destacó que la política del Gobierno provincial apunta a fortalecer la actividad privada, promover la generación de empleo y garantizar que las empresas funcionen dentro de las condiciones establecidas por la ley.

En ese sentido, sostuvo que la articulación con las cámaras empresariales es importante para conocer las dificultades del sector, aunque insistió en que las decisiones de fiscalización deben responder a criterios estatales y no a intereses particulares.

La funcionaria consideró que la seguridad privada constituye un componente relevante del sistema de prevención, especialmente por su presencia en espacios comerciales, industriales, deportivos y recreativos.

El desafío, concluyó, es consolidar un esquema en el que el crecimiento de la actividad esté acompañado por controles efectivos, trabajadores habilitados y una coordinación permanente con las fuerzas de seguridad pública.