La posible aprobación de una reforma para ampliar la participación de embarcaciones extranjeras en el transporte fluvial encendió la alarma entre los gremios navales, que anticiparon un paro nacional y una movilización al Congreso si la iniciativa llega al recinto del Senado este jueves.
El proyecto propone desregular el transporte de cabotaje, modificar el régimen de la Marina Mercante y flexibilizar la admisión temporaria de embarcaciones. La iniciativa cuenta con el respaldo del Gobierno de Javier Milei y de gobernadores del Norte Grande, que consideran que una mayor competencia permitirá reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de las economías regionales.
Sin embargo, desde el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara) cuestionan los alcances de la reforma y advierten que podría poner en riesgo miles de puestos de trabajo.
“El día que baje al recinto se convoca a un paro nacional y movilizamos al Congreso”, aseguró Fernando Ramírez, secretario general del Siconara Rosario.
El proyecto fue presentado el 20 de octubre por la senadora Carolina Moisés, junto a legisladores de distintos espacios políticos. El jueves 12 de noviembre avanzó en el ámbito parlamentario y obtuvo un dictamen de mayoría y otro de minoría.
Preocupación por el impacto en Rosario y el cordón industrial
Uno de los principales focos de conflicto está puesto en las consecuencias que podría tener la reforma sobre el sistema portuario del Gran Rosario, donde se concentra uno de los complejos agroexportadores más importantes del mundo.
La apertura permitiría una mayor participación de buques extranjeros en el transporte de cargas entre puertos argentinos, especialmente en actividades vinculadas con cereales, minerales y contenedores.
Ramírez sostuvo que, aunque el proyecto original fue modificado, la iniciativa sigue afectando directamente a la región y a sus trabajadores.
El dirigente destacó la formación y experiencia de los trabajadores embarcados argentinos y cuestionó que la discusión se concentre exclusivamente en los costos del transporte sin contemplar las condiciones laborales y la seguridad de la navegación.
También recordó recientes accidentes protagonizados por embarcaciones frente a Rosario y contra el puente que conecta Chaco y Corrientes, para advertir sobre la importancia de contar con personal capacitado que conozca las particularidades del río Paraná.
La actividad de transporte de arena también está en discusión
Otro de los sectores que podría verse afectado es el transporte de arena del Paraná, un insumo fundamental para la construcción y distintas actividades productivas.
La preocupación radica en que esta actividad no aparece entre las expresamente reservadas a embarcaciones de bandera argentina dentro del proyecto.
Como antecedente, en enero de este año, el acondicionamiento del balneario La Florida demandó el traslado de 50.000 metros cúbicos de arena mediante 50 embarcaciones.
Además, la Provincia avanza en la recuperación de la Terminal I de Villa Constitución, con una inversión privada prevista de 4,5 millones de dólares, destinada al movimiento de arena y áridos vinculados con el desarrollo de Vaca Muerta.
La posibilidad de que operadores extranjeros ingresen también a este segmento genera incertidumbre entre las empresas y los trabajadores locales.
Las empresas navieras también cuestionan la reforma
Las objeciones al proyecto no se limitan al ámbito sindical. La Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) manifestó reparos por las condiciones de competencia que enfrentarían los operadores nacionales frente a compañías de países vecinos.
Durante el debate parlamentario del 28 de octubre, el vicepresidente de la entidad, José Pablo Elverdin, advirtió sobre las diferencias impositivas, laborales y económicas que existen entre Argentina y otros países de la región.
También expresaron sus preocupaciones el presidente de FENA, Gustavo D’Amico, y el titular de la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata, Domingo Contessi, quien alertó sobre las posibles consecuencias para los astilleros argentinos.
Una propuesta alternativa para proteger la flota nacional
En paralelo, el senador Jorge Capitanich presentó una iniciativa alternativa denominada Régimen Especial Temporal para el Fortalecimiento del Cabotaje Nacional y de la Marina Mercante Argentina (RETCAN).
El proyecto contempla una apertura excepcional durante 24 meses para determinadas actividades, junto con incentivos económicos destinados a fortalecer la flota nacional y promover la contratación de trabajadores argentinos.
Desde el Siconara, en tanto, recordaron que el conflicto tiene como antecedente el rechazo del Congreso al Decreto 340/2025, que también pretendía avanzar con la desregulación de la actividad.
“La discusión no es solamente cuánto cuesta transportar la producción, sino quién realiza ese transporte, qué trabajo genera y qué parte de la riqueza permanece en el país“, concluyó Ramírez.
La eventual llegada del proyecto al recinto del Senado podría abrir un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno nacional y los sectores sindicales y empresarios vinculados con la navegación comercial.