El Gobierno de Santa Fe presentó los alcances de la denominada Ley de Celulares, sancionada recientemente por la Legislatura provincial, que apunta a desarticular el mercado ilegal de dispositivos electrónicos y dificultar la comercialización de equipos robados.
La iniciativa combina controles policiales, investigaciones criminales y nuevas obligaciones para los comercios que compran, venden o reparan teléfonos y otros dispositivos usados. El objetivo es cortar los circuitos de reventa, evitar que el delito genere beneficios económicos y recuperar los equipos para sus legítimos propietarios.
Durante la presentación, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, sostuvo que el delito predatorio constituye “un objetivo central en esta etapa de Gobierno”. Además, remarcó que el robo de celulares no debe analizarse como un hecho aislado, sino como parte de un circuito de comercialización ilegal.
La normativa establece que las personas deberán exhibir el IMEI de sus dispositivos cuando la autoridad competente lo requiera. Cococcioni aclaró que los controles no estarán sujetos a un criterio de sospecha y que buscan desalentar la circulación de equipos de origen ilícito.
Para facilitar esas verificaciones, la Provincia desarrolla aplicaciones que permitirán a los agentes escanear el código del teléfono y contrastarlo con la base de datos del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El IMEI, una herramienta clave
Uno de los puntos centrales de la ley es mejorar la identificación y recuperación de los dispositivos denunciados como robados, hurtados o extraviados.
El fiscal Regional de Rosario, Matías Merlo, explicó que la norma permitirá avanzar en una persecución penal más eficaz, al investigar no solamente el robo del teléfono, sino también las estructuras que intervienen en su posterior comercialización.
En ese sentido, la secretaria de Gestión Estratégica y Víctimas de la Fiscalía General del MPA, Marina Pieretti, destacó la importancia de que las víctimas incluyan el IMEI en sus denuncias.
Una prueba piloto realizada en Rosario sobre 680 denuncias mostró que solo una de cada cuatro víctimas había aportado ese identificador. A partir de esos casos se iniciaron 160 investigaciones y se recuperaron 14 dispositivos.
Seis de esos teléfonos fueron localizados luego de que la Fiscalía contactara a sus compradores, quienes se presentaron a declarar y aportaron información sobre el lugar donde los habían adquirido.
Qué deberán cumplir los comercios
La ley también crea el Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines, en el que deberán inscribirse las personas y empresas que compren, vendan, permuten, acopien, reparen, reacondicionen o comercialicen dispositivos usados.
Los establecimientos deberán informar cualquier equipo que presente alguna de estas irregularidades:
- Una denuncia vigente por robo, hurto o extravío.
- Ausencia de IMEI o de un identificador único equivalente.
- Identificadores bloqueados, alterados o eliminados.
Ante esas situaciones, deberán comunicarlo al Ministerio de Justicia y Seguridad y realizar la denuncia correspondiente ante el MPA.
El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, adelantó que se realizarán inspecciones en los locales para verificar los códigos de los equipos ofrecidos a la venta e identificar a las personas que los entregaron. De esa manera, buscarán reconstruir la cadena de comercialización y detectar dispositivos con denuncias vigentes.
Cómo identificar el IMEI
El IMEI es un código único de 15 dígitos que identifica a cada teléfono celular dentro de las redes móviles.
*Para conocerlo, hay que marcar #06# desde el dispositivo. El número que aparece permite identificar el equipo y aportar información clave ante una denuncia.
El secretario de Gestión Institucional, Federico Angelini, pidió que las víctimas de robos, hurtos o extravíos realicen las denuncias correspondientes a través del 911 o en cualquier Centro de Denuncias.
Desde el Gobierno provincial insistieron en que denunciar y aportar el IMEI es fundamental para rastrear los dispositivos, investigar su comercialización y debilitar el mercado ilegal.