El déficit primario de febrero se triplico respecto al mismo mes del año anterior al alcanzar los $228.134 millones contra los $76.283 millones de febrero de 2023, según informó este lunes la Secretaría de Hacienda. De esta manera, en los dos primeros meses del año el rojo acumulado en las cuentas públicas ascendió a los $432.000 millones. Con los números fiscales del primer bimestre, así, el Ministerio de Economía prácticamente insumió la totalidad del tope de déficit primario que está explícito en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, previsto en $441.500 millones entre enero y marzo de este año, objetivo que no fue modificado en la última revisión de metas.
El techo trimestral previsto hasta fines de marzo es de $441.000 millones. La película anual permite, según el programa, un límite de déficit primario equivalente a 1,9% del PBI. Pero también tiene instancias trimestrales a cumplir.
En enero el salto del déficit de manera interanual había sido superior al 1000% y alcanzó los $203.000 millones. Uno de los factores que explica las dificultades fiscales con las que el Gobierno arrancó el año es, también, la sequía. La razón radica en que menores liquidaciones de exportaciones del campo implicarán asimismo menores ingresos al fisco por la vía de retenciones.
Desde, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) mencionó que en febrero el déficit primario -sin contar el pago de intereses de deuda, y que es la métrica que se toma en consideración con el FMI- creció 177% en comparación con el mismo mes del año anterior. El crecimiento del déficit en febrero habría estado explicado, según la OPC, en que “los recursos totales cayeron 7,2% real y los gastos totales disminuyeron 4,6%. Los ingresos impositivos cayeron 14,3% promedio, retroceso que llegó a 56,4% en Derechos a la Exportación”, mencionaron.
Hay una herramienta que el Poder Ejecutivo podría tener a mano, aunque como ya fue ampliamente utilizada en los últimos meses, prevén dejarla de lado esta vez: la deuda flotante, por la cual el Estado posterga pagos y consigue algún margen fiscal mayor.
Otra variante, que solo buscarán cubrir en un caso extremo, es el de echar mano a los adelantos transitorios del Banco Central. Hay, porque también es una meta constitutiva del programa, un límite en este sentido. Es de 0,6% del PBI para todo 2023 y de $140.000 millones para el primer trimestre. En lo que va del año el Tesoro no solicitó fondos al BCRA por esta vía.
Hubo, en el último comunicado del staff del Fondo Monetario, un párrafo dedicado específicamente a la cuestión fiscal, a la demora en la implementación del esquema de segmentación de subsidios y al nuevo costo que implicará la moratoria jubilatoria aprobada por el Congreso recientemente.
“Las autoridades están comprometidas en alcanzar el déficit fiscal primario del 1,9 por ciento del PIB en 2023 a través de controles continuos de gastos, una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social, y una mejor priorización del gasto de capital, al tiempo que protegen el gasto social y de infraestructura prioritario”, introdujo el tema el FMI.
“Para cumplir con las metas de reducción del déficit y fortalecer la progresividad de los subsidios energéticos, las autoridades planean continuar implementando el esquema de segmentación acordado, eliminando los subsidios para los usuarios residenciales de mayores ingresos a partir de mayo y para los usuarios comerciales a fines de 2023″, mencionó el staff.
Y por último, señaló, respecto a la moratoria. “Se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos”, continuó.
