El Proyecto de Ley que no pudo ser tratado sobre el Nepotismo, de la diputada nacional (PRO) por la provincia de Buenos Aires, Mercedes Joury, aguarda en sentido de justicia y orden a modificar la Ley N° 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública. Allí, solicitaba incorporar lo siguiente: “No podrán efectuarse designaciones ni contrataciones, bajo ninguna modalidad, en todo el Sector Público Nacional, del cónyuge o conviviente o personas que tengan algún vínculo de parentesco en línea recta o colateral hasta el segundo grado con el Presidente de la Nación, el Vicepresidente de la Nación, el Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministro”.
No obstante, en su tiempo le signó un forzado gradualismo a Mauricio Macri –pocas veces entendido y por estas cuestiones inherentes de ritmo legal-; debiendo imponer el Decreto 93/2018, recuerda la diputada Joury: “El cual prohibía la designación de personas, bajo cualquier modalidad, en todo el sector público nacional, que tuvieran algún vínculo de parentesco tanto en línea recta como en línea colateral hasta el segundo grado, con el Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros y demás funcionarios con rango y jerarquía de Ministros”. Está vigente.
Más aun, el Art. 4 del citado decreto dispuso la pronta desvinculación de quienes ocuparan cargos a ese momento, en un gesto de cuidado.
El sello de gestión del kirchnerismo es indeleble por su impronta. En junio del año 2007 al entonces ministro de Economía, Felisa Miceli, le encontraron en el baño privado de su despacho un paquete con $ 100.000.- y u$s 31.670.-, distraída se los olvidó. Fue condenada en sucesivos fallos luego apelados hasta que, en el año 2014, la sala II de la Cámara Federal de Casación confirmó su culpabilidad, pero redujo su sentencia a tres años de prisión -no fue efectiva- y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Un año después, la Corte Suprema dejó firme la condena.
El presente es resonante, otra vez. Sucede que María del Carmen Barros, gerente general del Banco Nación, profesora titular en la UCA, con desparpajada audacia nombró a su hijo, Juan Pablo Pedemonte, al frente de una gerencia en la casa matriz donde, en el territorio argentino, todos los gerentes zonales le reportan. Esa labor incluye responsabilidades como fijar parámetros comerciales y distribuir créditos entre empresas de todo el país.
Está claro que no es idóneo a sus treinta años, y decide según lo que su madre le diga, desde un despacho cercano. Además, el meteórico ascenso va en contra de lo que establece la Carta Orgánica del Banco Central en tal sentido; sencillamente los tiempos no le dan.
Entre otras designaciones, María Barros ubicó a su ex chofer y actual pareja, Juan Manuel Romero en otro cargo como Jefe de servicios con un sueldo de $ 700.000.-, aunque –dicen- que sin “mucho trabajo” cada dos semanas se da una vuelta para dar presente en la oficina. Su foja en LinkedIN, la red social del trabajo, está inmaculada: no se lee nada que haya hecho.
En tanto, su buen amigo se llama Maximiliano Piantanida que logró ascender por virtud de ese vínculo y, tras rápida promoción, ocupa el cargo de gerente Departamental. Por ello, percibe un sueldo de $ 2.500.000.- Cada día se ocupa del pase a planta en calidad de permanente de políticos; promociones y ascensos por acomodo: esto es nepotismo. Las competencias por capacidad o las aptitudes del empleado que hace carrera a 30 años vista no cuentan.
Como caballo de Troya han puesto en marcha una jugada a través de otro funcionario y, como “resguardo” se trata de Gastón Álvarez, el segundo de Barros, a quien enviarían a Madrid en noviembre próximo y, en un intento de despegarlo de esta administración. Así, traerlo de regreso como una figura “nueva” de línea cuando otro sea el gobierno.
Este personaje estuvo al frente de los Gerentes de Sucursales del Banco, a quienes la institución les pagaba un diario al día, de libre elección, pero les prohibía comprar Clarin. Durante la etapa del Macrismo estuvo escondido en La Plata y al llegar Fernández al poder volvió al segundo puesto más importante del banco. Multiplicó varias veces las estructuras jerárquicas llenando puestos con obsecuentes seguidores militantes.
Dicho sea de paso, a medida que distintas fuentes y verificaciones de información corren, trasciende que en la subgerencia de Recursos Humanos hay una mujer puesta por Sergio Palazzo, el Secretario General de la Asociación Bancaria.
Los más escandaloso en esta retahíla es la sociedad Batakis – Barros. La gerente general se ocupó de acomodar su sueldo con diversos plus y premios de manera de cobrar la friolera de $ 9.000.000.- Por si acaso la despiden, al cambiar el gobierno, se asegura una excelente indemnización. Más aun, para llegar a estos acuerdos que conforman esa cifra debe haber aprobación del directorio, algún Convenio y/o Paritaria. En apariencia, la única que lo pudo autorizar es Silvina Batakis en su atribución como presidente del banco. Aquí el gran ruido ¿Qué secreto o cambios de favores hay entre ellas dos?
Gestos que confieren forma de antro hacia adentro de la centenaria institución. Penoso, porque a cuya sombra fría hay muchos empleados despedidos injustamente al no ceder en sus convicciones y lealtad a los principios de esa Casa, si es que no están todavía aferrados a una suerte de Siberia en el olvido y la denigración. También, como tenaza en los dedos están esos otros empleados arbitrariamente sumariados por cumplir el deber y con una espada sobre sus patrimonios como garantía ante el trabajo.
Ahí nomás, en el escritorio de Pellegrini, y hacia afuera es donde esta gestión proclamó a cuatro vientos, rasgando vestiduras, apañados en serviles legisladores santafesinos de una comisión de seguimiento con que “hay que cuidar la plata de los argentinos”, ante la deuda de Vicentín. Puertas adentro la actitud es bien distinta, según se describió por aquí y bajo la firma de quien compone este artículo.
Y antes, cabe recordar, se escribió en actas de Directorio 311 y 435 del primer cuatrimestre del 2020 la negativa a cobrarle la deuda a la aceitera a pesar de cumplir todos los requerimientos de pago con garantías, no solo en favor del BNA sino, también, para la banca pública y privada local, los bancos internacionales, y los acreedores granarios. El rechazo tiene que ver con que, atrás hay un plan político de apropiación que el presidente Alberto Fernández no se cansó de explicar
La exportadora cancelaba en seis años su deuda a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE); negoció cinco. Los primeros dos fueron rechazados en línea con estudio de la gerencia técnica y de carrera del banco. Los tres restantes fueron aprobados: dos están numerados en el párrafo precedente. El último, la enjundia, el resentimiento y la ideología política de Claudio Lozano –como showman- en compañía de Eduardo Hecker, director y presidente, respectivamente en la primera etapa de gestión que tocó a la entidad financiera a este período de gobierno. Así, la familia Vicentín fue empujada al concurso, haciéndoles perder la empresa –en un trámite judicial que ya lleva cuatro años-, con la presión del azufre de la política que no deja cerrar su término habiendo cumplido todos los requerimientos de la Ley. La verdad sale a la luz, temprano o tarde.
Por Bernardo Basombrío, periodista y escritor, autor del libro ¡Exprópiese! El caso Vicentín
