La concejala María Fernanda Gigliani reavivó el debate en torno a las irregularidades que viene denunciando desde hace una década sobre la explotación del Club Ministerio de Obras Públicas (MOP), que está en manos de una sociedad anónima, muy lejos de la finalidad recreativa, deportiva y cultural de los trabajadores del MOP para el que fue creado. En las últimas semanas, el intendente Pablo Javkin envió al Concejo Municipal un convenio para modificar la reglamentación sobre el uso y explotación del predio, emplazado en terrenos municipales, a orillas del río, con gran valor comercial por estar ubicado frente al Monumento a la Bandera.
Según Gigliani, lo que busca el intendente es emprolijar todo lo que se hizo de manera irregular en gestiones anteriores para permitir que funcione de ahora en más en un marco legal más aceptable. Un “blanqueo”, definió la concejala.
“Es un tema que vengo denunciando desde que ingresé como concejala, en diciembre de 2011. Estamos hablando de tierras públicas, pegaditas a Canal 5, donde el Estado nacional cedió el predio a la Municipalidad de Rosario para la ampliación del Parque Nacional a la Bandera. Sobre estas tierras había una cesión precaria hasta el año 2030 a favor del Club Ministerio de Obras Públicas con un objeto claro y concreto, que era la realización de actividades deportivas, recreativas y culturales. Era justamente un lugar de diversión y esparcimiento de quienes eran los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas, que eso ya hoy no existe. La mayoría, te diría casi la totalidad de quienes hoy son socios del MOP, son socios adherentes; es decir, son terceros que nada tienen que ver con el origen”, planteó Gigliani en diálogo con Marcelo Fernández, por CNN Radio Rosario.
“Desde 2012 venimos denunciando la tala de árboles, un daño desde ya irreparable, que fue hecha sin autorización y a la vista del Concejo Municipal y de intendencias anteriores. También se construyeron obras irregulares, como las guarderías que vemos hoy, que se hicieron sin los permisos que cualquier hijo de vecino tiene que solicitar”, añadió.
La edila de Iniciativa Popular recordó que “ya el exintendente Miguel Lifschitz había enviado al Concejo un convenio entre la Municipalidad y el MOP para la realización de emprendimientos gastronómicos comerciales y un negocio de guarderías náuticas. El cuerpo se lo rechazó por unanimidad, o sea, no se lo votaron ni sus propios concejales”.
“Luego Fein, cuando asume la intendencia, insiste con un convenio similar –apuntó–. Ya en ese momento denunciamos sobre cuál era la autorización comercial que tenía el complejo Taura en tierras públicas, que además desvirtuaba el objeto de la cesión precaria de este club”.
“Ahora lo que hace Javkin es insistir con ese convenio que presentó Fein, que nunca tuvo mayorías ni para aprobarlo ni para rechazarlo. Javkin volvió a la carga y, aparentemente, no sé si en esta sesión o en la próxima, ya tiene los votos para salir. En la práctica, lo que implica es un blanqueo de todo lo que se hizo de manera ilegal. Entiendo que la ciudad no puede estar con estas situaciones eternamente sin resolver; lo mismo que con el edificio de Rondeau y Juan B. Justo, por el que incluso denuncié penalmente a los funcionarios que habían otorgado ese permiso de edificación y que el año pasado, con una mayoría, Javkin logró de alguna manera blanquear todo lo que se había hecho de manera irregular. Aspiro a que en algún momento haya un tiro para el lado de la justicia”, dijo con algo de resignación.
Gigliani contó que cuando oportunamente denunció la tala de árboles sin permiso en el predio del MOP, “desde la Municipalidad contestaban que no se había extraído ningún ejemplar”. Y profundizó: “Hoy el Estado, con este convenio que envió Javkin al Concejo, está asumiendo que sí ocurrió la tala y que incluso tiene que haber una reparación por ese daño. Ahora también se reconoce que hubo obras de manera irregular cuando en su momento un alto funcionario de la Municipalidad me pidió la renuncia por mentirosa. A mí se me viene a la mente toda la historia, no la foto de hoy, sino la novela completa, y obviamente me genera una profunda indignación”.
Entre otras peripecias que vivió para avanzar de manera solitaria en la denuncia por las irregularidades en el MOP, Gigliani contó: “Tuve que mandar a personas de mi equipo a hacerse pasar por gente interesada en contratar el servicio de guardería náutica para buscar información que nos permitiera sostener la denuncia; en ese momento descubrimos que a los socios que pagaban la cuota les daban una factura a nombre de Servicios Náuticos VIP Sociedad Anónima. Cuando nos pusimos a investigar quiénes formaban parte de esta sociedad, aparecieron nombres ligados a la administración de las unidades VI y VII del Puerto de Rosario, como Ondarcuchú por ejemplo. Hasta el día de hoy no nos contestaron cuál es la autorización que tiene esta sociedad anónima para la explotación comercial de esa guardería en tierras públicas”.
Sobre la actuación de sus colegas ediles, que al parecer votarán a favor del convenio enviado por el Ejecutivo, opinó: “Algunos se callan pero entienden que a partir de todas estas denuncias es políticamente incorrecto avalar esto; por otro lado hay concejales del PRO que votan a favor con la condición de que en donde estaba el complejo Taura se pueda llevar adelante algún uso ligado a la famosa 72/18, que es la ordenanza de la nocturnidad al aire libre; eso lo prohíbe expresamente el convenio que mandó Javkin”.
“Lo que noto es que algunos concejales que en algún momento intentaron avanzar y denunciar esto, después se callaron y hoy están bastante callados. Es más, diría que cambiaron su posición”, amplió.
También sostuvo que “en este convenio hay además una trampa: el Concejo avalaría la explotación por determinada cantidad de años, vencido ese plazo, la Municipalidad puede renovar sin la autorización del Concejo. Quieren sacarse de encima al Concejo,y lo que más bronca me da es que un grupo de concejales avalaría eso”.
