En una conversación exclusiva con el destacado experto en derecho y profesor universitario, el Dr. Hernán Racciatti, se arroja luz sobre un tema de gran relevancia tanto técnica como política: la reciente intervención de la Corte Suprema de Justicia en las decisiones de la Inspección General de Justicia (IGJ). La noticia, que quizás pasó desapercibida para algunos, involucra al actual titular de la IGJ, Ricardo Nissen, quien ha sido objeto de controversia debido a su afiliación al kirchnerismo y su papel como apoderado de Máximo y Florencia Kirchner en Hotesur, así como su representación de Hugo Moyano. Su gestión al frente de la IGJ se ha caracterizado por la toma de decisiones que han llegado a la Corte Suprema y han sido revocadas.
El problema central radica en que la IGJ, un organismo de fiscalización administrativa y actos societarios, ha asumido un papel que se asemeja al de un tribunal, emitiendo decisiones que deberían ser exclusivas de la justicia. Esto ha generado preocupación en cuanto a los límites de su autoridad y su interpretación del interés público.
El Dr. Racciatti explicó “dos casos emblemáticos que llegaron a la Corte Suprema: el caso Apart Incas, relacionado con sociedades anónimas, y el caso Boswell, una sociedad extranjera que enfrentó problemas después de un proceso de sinceramiento fiscal. En ambos casos, la IGJ se extralimitó en sus funciones, lo que llevó a la Corte Suprema a desestimar sus recursos”.
Además, subrayó “la importancia de esta cuestión desde el punto de vista de la política legislativa y la necesidad de definir los límites de la fiscalización estatal sobre las sociedades” y destacó “la necesidad de fomentar un ambiente empresarial amigable y competitivo entre las provincias argentinas, similar a lo que ocurre en Estados Unidos, donde los estados compiten para atraer negocios”.
Por otro lado, resaltó la importancia de la ley de apoyo al capital emprendedor y la sociedad por acciones simplificada como instrumentos para facilitar la organización jurídica de las empresas según las necesidades de los inversores y emprendedores.
En resumen, la intervención de la Corte Suprema en los casos de la IGJ plantea importantes cuestiones sobre los límites de la fiscalización estatal y la importancia de crear un ambiente propicio para los negocios en la provincia de Santa Fe.
