El gobierno provincial anunció esta semana la nómina de postulantes para cubrir los futuros cargos de fiscales en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y en el Servicio Público de la Defensa Penal. Hay en total 112 anotados, 82 para las fiscalías y 30 para las defensorías. El lugar más codiciado y que concentra el mayor interés de los ámbitos político y judicial es el de fiscal general, puesto que hasta abril de 2023 ocupará Jorge Baclini, sin posibilidades de renovar por otro período de seis años.
Dos días después de la publicación de esta lista, la Legislatura suspendió a dos fiscales por “mala actuación en sus funciones” y, fuera de discutirse si correspondía o no la pena, reavivó la tensión en torno a la potestad de sanción que tiene el poder político por sobre el judicial.
Melisa Serena y Juan Carlos Ledesma, de la Fiscalía de San Lorenzo, recibieron tres meses de inhabilitación para desempeñar sus cargos y sin goce de sueldos, y se les prohibió el ingreso a cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación en ese lapso.
Serena está imputada por “incumplimiento de deberes” y “no investigar delitos” en la causa del juego clandestino en la que sus pares Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieron el desafuero del senador Armando Traferri para imputarlo como supuesto organizador de la banda. A Ledesma, en tanto, le reprochan “omisiones” y “negligencia” en una investigación por delitos contra la integridad sexual de dos niñas de 15 y 5 años, de Capitán Bermúdez.
Esta decisión fue votada en una sesión conjunta de diputados y senadores que presidió la vicegobernadora Alejandra Rodenas. La avalaron todos menos ocho legisladores: Fabián Palo Oliver (UCR), Mónica Peralta (GEN), Paola Bravo y Matilde Bruera (Partido Justicialista), Carlos del Frade (Frente Social y Popular), Damaris Pachiotti (Ciudad Futura) y Agustina Donnet y Rubén Giustiniani (Igualdad). Todos ellos se abstuvieron porque están en contra de que la Legislatura tenga el poder único y absoluto de castigar a los integrantes del MPA.
Lo contradictorio es que muchos de los diputados que votaron a favor de sancionar a los fiscales se han pronunciado a favor de modificar la ley 13013 para darle más autonomía a los agentes de la Justicia y que su trabajo sea juzgado por un órgano de conformación mixta y no únicamente por la política, como ocurre hoy. Entre los senadores, en cambio, la idea generalizada es distinta: no quieren resignar ni un centímetro la facultad disciplinaria sobre los fiscales.
Por eso, revertir el sentido de esa normativa que se aprobó por abrumadora mayoría en 2017 -incluso votada por muchos de quienes hoy quieren modificarla- será una de las principales tareas del sucesor de Baclini, quien seguramente se irá de su cargo sin lograr torcer la historia. Con la actual conformación de las cámaras (sobre todo la del Senado) no se avizoran posibilidades de cambios.
La carrera por ese y otros lugares claves de la estructura del MPA está en marcha, cocinándose sobre el fuego de intereses y ambiciones. Hay nombres “rutilantes” de la Justicia vernácula que buscan quedarse con el lugar que dejará vacante Baclini. Entre ellos, el de María Eugenia Iribarren, la actual fiscal regional de Rosario que llegó a ese cargo cuando a Patricio Serjal lo metieron preso por el escándalo del juego clandestino. Y el del influyente Carlos Arietti, un nombre poco conocido en el sur santafesino pero que adquirió alguna relevancia por sus peleas con el exministro de Seguridad Marcelo Sain.
Otro que se anotó en la competencia es el conocido fiscal Matías Edery, con notoriedad por su trabajo sobre las bandas rosarinas que manejan el narcotráfico y por haber ido contra el intocable senador Armando Traferri en la misma causa por la que Serjal terminó tras las rejas. Edery también se inscribió como aspirante a la fiscalía de Rosario, a la que también quiere acceder María Cecilia Vranicich, hoy a cargo de la Auditoría del MPA, el área que controla a los propios fiscales.
Hay tanto en juego que la oposición, actuando como un frente, salió a plantar bandera para marcarle la cancha al gobierno provincial. Diputados socialistas y radicales, también de Juntos por el Cambio, del PDP, de Creo y de Vida y Familia redactaron un comunicado para avisar que no aceptarán “el resultado de un proceso que esté viciado por sospechas, rumores y faltas de transparencia”.
“Debe ser política de Estado, estamos hablando de la política de persecución penal”, subrayaron para dejar traslucir el verdadero sentido del documento: como se ven gobierno a partir de 2023, año en que también se renuevan los cargos del MPA, no quieren lidiar con un organismo “contaminado” de peronismo.
