La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la obligación de aplicar la ley de financiamiento universitario, que contempla una actualización para trabajadores de las universidades y la recomposición de partidas destinadas a estudiantes.
La decisión del máximo tribunal mantiene vigentes los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que establecen la actualización salarial de docentes y no docentes universitarios, además de la recuperación de programas de asistencia estudiantil.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional contra el Estado por el Decreto 759/25.
Un revés judicial para el Ejecutivo
La Corte desestimó el recurso de queja presentado por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, al considerar que la presentación no cumplía con los requisitos para acceder a la instancia extraordinaria.
El tribunal sostuvo que el recurso no estaba dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable, según lo establecido por el artículo 14 de la Ley 48.
Además, rechazó el pedido de excusación realizado dentro del expediente y ratificó lo resuelto previamente en la misma causa.
Qué deberá hacer el Gobierno
Con la resolución, el Poder Ejecutivo queda obligado a avanzar con las medidas previstas en la normativa vigente, incluyendo la actualización de salarios universitarios y la recomposición de programas para estudiantes.
El conflicto judicial se originó luego de que la Justicia ordenara aplicar la ley tras una demanda impulsada por el sistema universitario nacional.
Acuerdo previo y reclamo pendiente
El Gobierno había firmado el 10 de junio un acta mediante la cual se comprometió a transferir fondos para distintos sectores del sistema universitario.
El acuerdo incluía un aumento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de recursos para hospitales universitarios por hasta $50.000 millones.
Sin embargo, los rectores que participaron del convenio aclararon que ese entendimiento no implicaba renunciar al incremento establecido por la ley, que ahora quedó respaldada por la Corte Suprema.
