Alerta financiera

La mora de las familias llegó al 12,8% y los bancos piden cambiar las reglas para frenar el deterioro

ABAPPRA presentó al Banco Central una propuesta para detectar antes las dificultades de pago y facilitar refinanciaciones. El objetivo es evitar que atrasos transitorios terminen en incumplimientos permanentes.

La morosidad de las familias volvió a encender las alarmas del sistema financiero: en junio de 2026, el 12,8% de las financiaciones a los hogares se encontraba en situación irregular, por encima del 12,1% registrado en abril, según el último Informe sobre Bancos del Banco Central.

Frente a este escenario, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) llevó al BCRA una propuesta para modificar algunas de las reglas que regulan la evaluación y el tratamiento de los deudores.

El planteo busca que los bancos puedan detectar de manera anticipada las dificultades financieras y ofrecer alternativas de refinanciación antes de que las deudas se vuelvan difíciles de recuperar.

La iniciativa todavía no implica un cambio normativo: se trata de una propuesta presentada ante el Banco Central para abrir una discusión sobre el esquema regulatorio vigente.

Qué quieren cambiar los bancos

Uno de los principales pedidos apunta a flexibilizar la forma en que se clasifican los clientes que ingresan en mora. La intención es distinguir entre quienes atraviesan un problema temporal de ingresos y aquellos cuya situación financiera muestra un deterioro más profundo.

Según ABAPPRA, esa diferenciación permitiría actuar antes y ofrecer nuevas condiciones de pago a quienes todavía tienen capacidad de recuperar su situación financiera.

Otro punto de la propuesta está relacionado con el tratamiento contable y regulatorio de las deudas impagas. Los bancos plantean que determinadas modificaciones podrían darles mayor margen para negociar con clientes que atraviesan dificultades transitorias.

El objetivo final es evitar que un atraso puntual derive rápidamente en la salida del sistema financiero y cierre el acceso a nuevos créditos.

También buscan cambiar el scoring

La discusión alcanza además al scoring crediticio, el conjunto de herramientas que utilizan las entidades para evaluar la capacidad de pago de cada persona.

La propuesta plantea avanzar hacia criterios más homogéneos que permitan detectar señales de sobreendeudamiento antes de que aparezcan incumplimientos prolongados.

Para los bancos, contar con parámetros comunes facilitaría una evaluación más consistente del riesgo y permitiría identificar con mayor anticipación a los clientes que necesitan reordenar sus obligaciones.

La discusión con fintech y billeteras digitales

ABAPPRA también puso sobre la mesa las diferencias regulatorias entre los bancos y otros proveedores de crédito, como fintech y billeteras digitales.

La asociación plantea que debería existir una mayor uniformidad en las exigencias vinculadas con evaluación crediticia, información y transparencia, independientemente de qué tipo de entidad otorgue el financiamiento.

La intención es evitar que distintos estándares regulatorios terminen generando incentivos para que una parte del mercado asuma mayores riesgos que otra.

El dato que preocupa al sistema

Mientras la irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto mostró una leve mejora en junio —pasó de 7,7% a 7,6%—, la situación de los hogares se mantuvo en un nivel elevado, con 12,8%.

El desafío para las entidades es evitar que los atrasos temporales se conviertan en deudas de difícil recuperación. Una mayor morosidad no solo afecta a quienes tienen dificultades para pagar: también puede aumentar el riesgo de las entidades y terminar condicionando las condiciones de financiamiento y el acceso al crédito.

Si los cambios propuestos avanzaran, las familias con problemas transitorios podrían contar con más alternativas para refinanciar sus deudas antes de quedar excluidas del sistema financiero.

Por ahora, sin embargo, no hay nuevas reglas. ABAPPRA puso la propuesta sobre la mesa y la decisión quedó en manos del Banco Central, que deberá definir hasta dónde flexibilizar el tratamiento de los deudores sin deteriorar la calidad del crédito ni comprometer la estabilidad del sistema.