El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante la Oficina Anticorrupción declaraciones juradas rectificativas correspondientes a 2023 y 2024, además de su presentación patrimonial de 2025, en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
La principal modificación incorporó más de 500.000 dólares que no figuraban en las declaraciones originales. Según explicó el funcionario, esos fondos provienen de inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018 y de ahorros acumulados antes de ingresar a la función pública.
Durante una entrevista televisiva, Adorni reconoció que esos ahorros no habían sido declarados previamente y sostuvo que correspondían a fondos obtenidos en su actividad privada. También afirmó que presentó toda la documentación requerida ante los organismos de control para respaldar el origen de los activos.
La causa judicial se centra en determinar si existe correspondencia entre la evolución de su patrimonio y sus ingresos declarados. El expediente se encuentra bajo análisis de la Justicia federal, que deberá evaluar las rectificaciones y la documentación presentada antes de definir los próximos pasos.
El caso generó repercusiones políticas debido a que las nuevas presentaciones contradicen afirmaciones previas del funcionario, quien había asegurado ante el Congreso que no existían bienes omitidos en sus declaraciones juradas.
Mientras sectores de la oposición cuestionaron las explicaciones brindadas, desde el oficialismo defendieron la presentación de la documentación y sostienen que los fondos tienen un origen lícito anterior a su llegada al Gobierno.
Por el momento, no existe una resolución judicial que determine la existencia de un delito. La investigación continúa y será la Justicia la que deba establecer si las rectificaciones y las explicaciones aportadas resultan suficientes para justificar la evolución patrimonial declarada por el funcionario.
