El abogado Juan Lewis, quien defiende a cinco exfuncionarios del Ministerio de Seguridad provincial acusados de supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain, renovó los cuestionamientos por la forma en que se viene llevando adelante el proceso judicial. “Esta causa lleva más de un año y medio de investigación y todavía no se conoce la hipótesis de trabajo de la Fiscalía. No se sabe cuál será la imputación”, apuntó.
En la última semana el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la ciudad de Santa Fe fijó como fecha el 29 de este mes para la audiencia imputativa para el exministro Sain y otros integrantes de su equipo de trabajo, algunos de los cuales son defendidos por Lewis.
En tal sentido, en entrevista con Marcelo Fernández en el programa ‘Así Estamos’, que se emite los domingos a la medianoche por Telefe Rosario, el abogado sostuvo que “no es normal llegar a este punto sin saber de qué van a imputar a los acusados”. Y agregó: “Los fiscales a último momento tienen que hacer una precisión sobre la imputación, y cuanto más precisos sean es mejor, es todo más serio, porque es la forma de garantizar el derecho de defensa. En cambio, es muy difícil rechazar una imputación que no tiene certezas”.
Para el exministro de Justicia de la provincia, los fiscales que impulsan esta causa por supuesto espionaje “salieron a hacer una aventura judicial, ensayaron un tipo penal que es inaplicable para la Justicia provincial. Están experimentando y eso explica la dilación y la vaguedad de este proceso. Y mientras tanto nada impidió que se mancillara el nombre de los imputados, que se utilizara esta causa políticamente”.
Según su opinión, “hay personas que quieren utilizar este caso para catapultarse hacia otros lugares: hay quienes quieren ser gobernadores, unos buscan tener algún renombre en la provincia, otros aspiran a la Fiscalía General… es decir, hay muchas personas a las que esta causa les sirve para sus intereses particulares, más allá de lo absurdo que es investigar un presunto delito de espionaje a través de la Justicia provincial y no federal”.
Una vieja práctica
“No hubo espionaje”, dijo sin dudar Lewis, quien aclaró que las tareas del equipo de Sain eran “investigativas y no de espionaje”. Y dio otro dato: “En 2017, 2018, en épocas de Maximiliano Pullaro al frente del Ministerio de Seguridad, se realizaban las mismas prácticas. Si uno quiere ser eficaz en la investigación de la criminalidad organizada es elemental descubrir relaciones entre personas, y eso es lo que cualquier investigador hace. Esa actividad no es espionaje, es investigación”.
Respecto de la lista de supuestos espiados que trascendió públicamente en distintos medios, el abogado indicó que “los nombres están relacionados con alguna causa, pero no necesariamente se trata personas sospechadas. También hay nombres de personas jurídicas. Los investigadores hacen averiguaciones por distintos motivos y no significa que están puntualmente buscando algo con esa institución. Esa es la tarea de investigar.
Sobre sus expectativas para el 29 de noviembre, consideró: “Esperamos que ese hito en la causa, ya que por primera vez pasó algo institucional y no estas informalidades como filtraciones a la prensa, le dé una mirada más técnica a la situación. Por un lado, que precisen la imputación; por el otro que se permita el real ejercicio de la defensa y se pueda controvertir y, fundamentalmente, esperamos que por primera vez un juez pueda evaluar si esto que se está haciendo es correcto o no”.
“También esperamos que los jueces estén a la altura de las circunstancias –expresó–, ya que tenemos documentadas muchas irregularidades como la filtración de audios que no tienen que ver con esta causa pero se ha utilizado este caso para filtrarlos. Es hora de que se pongan límites, ya que hay miembros del MPA que se están aprovechando de todo esto: y estoy hablando de los fiscales que llevan la causa, también del fiscal regional que tiene alguna apetencia”.
