La disputa por la concesión de la Vía Navegable Troncal sumó un nuevo capítulo luego de que la asociación conformada por Jan De Nul y Servimagnus, preadjudicataria del proceso licitatorio, saliera a responder las críticas formuladas por la empresa DEME sobre los costos y tarifas previstas para la futura operación de la hidrovía.
A través de una nota dirigida a entidades empresariales vinculadas al comercio exterior y la actividad portuaria, entre ellas la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario y la Cámara de Puertos Privados, la asociación defendió la consistencia económica de su oferta y cuestionó los fundamentos de los cálculos difundidos por su competidora.
Según la firma preadjudicada, la reducción tarifaria planteada por DEME se basa en hipótesis que no reflejan las condiciones reales establecidas en los pliegos de la licitación. Entre los principales cuestionamientos mencionó supuestas omisiones impositivas, un esquema de inversiones considerado insuficiente y estimaciones de ingresos que excederían los parámetros permitidos para la concesión.
Uno de los puntos centrales de la controversia gira en torno al tratamiento del IVA dentro del plan económico-financiero presentado por DEME. De acuerdo con la evaluación de Jan De Nul–Servimagnus, la metodología utilizada por la empresa competidora no se ajusta a la normativa vigente y genera una rentabilidad superior a la que efectivamente podría obtenerse durante la operación de la vía navegable.
La asociación también recordó que DEME no presentó objeciones al esquema tarifario durante las instancias previas del proceso licitatorio y señaló que, en diferentes etapas, había manifestado su conformidad con las condiciones establecidas para la concesión.
Otro de los aspectos cuestionados por la firma preadjudicada se vincula con las inversiones comprometidas. Según sostuvo, la propuesta de DEME contempla desembolsos cercanos a los 280 millones de dólares durante los primeros cinco años de contrato y no prevé nuevas inversiones significativas durante las dos décadas posteriores.
En contraposición, Jan De Nul–Servimagnus aseguró que tanto el modelo de referencia elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) como su propia oferta prevén inversiones superiores a los 850 millones de dólares.
La discusión también alcanza las proyecciones de ingresos por peajes. La asociación afirmó que DEME calculó tarifas para la etapa posterior a la profundización de la vía navegable por encima de los valores máximos autorizados en la licitación, lo que habría derivado en una sobreestimación de ingresos cercana a los 370 millones de dólares.
En sus conclusiones, la empresa preadjudicada rechazó la idea de que la propuesta de DEME represente una alternativa más eficiente o con mayores posibilidades de reducir costos para los usuarios de la hidrovía.
Desde Jan De Nul–Servimagnus sostuvieron que la rebaja tarifaria planteada por su competidora se apoya en hipótesis económicas que consideran inviables para sostener una concesión de largo plazo y defendieron la solidez financiera de la oferta que resultó seleccionada en el proceso licitatorio.
La controversia se desarrolla en una instancia clave para la definición del futuro operador de la principal vía de exportación del país, por donde circula gran parte del comercio exterior argentino y una porción significativa de los embarques agroindustriales.
