El Gobierno de Javier Milei incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 un régimen de beneficios impositivos para incentivar a empresas privadas a construir y mantener rutas mediante nuevas concesiones. La propuesta aparece en el artículo 67 y establece que las ventajas fiscales solo podrán aplicarse si las provincias adhieren y eximen del pago de Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos a los concesionarios.
El esquema contempla que las empresas puedan computar el 100% del impuesto al Cheque a cuenta del pago de Ganancias, IVA y contribuciones patronales. Además, se prevé la entrega de certificados de crédito fiscal por el IVA incluido en las operaciones destinadas a la construcción y el mantenimiento de obras viales.
Amortización acelerada
El proyecto también habilita a los privados a elegir entre el régimen vigente de amortización de bienes de capital previsto en el impuesto a las Ganancias o un mecanismo acelerado.
Para los bienes muebles —con excepción de los automóviles—, la amortización podrá realizarse en al menos dos cuotas iguales y consecutivas. En el caso de las obras de infraestructura vial, se permitirá reducir a la mitad la cantidad de cuotas anuales que corresponda según la vida útil de las construcciones.
La invitación alcanza a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, que deberán adoptar exenciones en Ingresos Brutos y Sellos para los titulares de los contratos de concesión de obra pública incluidos en la iniciativa.
Sin embargo, el texto establece que la adhesión provincial será una condición necesaria para que entren en vigencia los beneficios nacionales. De ese modo, la reducción de tributos federales queda atada a una decisión fiscal de las jurisdicciones.
El plan de “cero impuestos” de Caputo
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, había anticipado a comienzos de septiembre una iniciativa para entregar en concesión unos 6.000 kilómetros de rutas y caminos que no resultan rentables para las empresas privadas.
En una exposición organizada por la Fundación Libertad y Progreso, Caputo planteó que esas inversiones tendrían “cero impuesto nacional, provincial y municipal” para abaratar el proceso y acelerar las obras.
El anuncio se produjo después de la concesión de unos 9.000 kilómetros de rutas consideradas rentables por el sector privado. La expectativa oficial era que el esquema reactivara la construcción, pero las obras todavía no comenzaron.
El régimen incluido en el Presupuesto 2027 busca, precisamente, generar incentivos para que las empresas se hagan cargo de corredores que, por su bajo volumen de tránsito, no representan un negocio atractivo. La alternativa aparece en un contexto en el que el Gobierno mantiene restringida la participación directa del Estado en la obra pública.
Vialidad, con fondos en mínimos históricos
El incentivo fiscal para los privados se conoce mientras el presupuesto destinado a la infraestructura vial se mantiene en niveles muy bajos.
De acuerdo con datos oficiales relevados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad cayó 79% en términos reales entre 2023 y 2026.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un incremento interanual del 30%, también descontada la inflación. Sin embargo, los $887.000 millones previstos siguen representando una caída real del 73% respecto de los recursos que el Estado destinaba a obras viales hasta 2023.
A valores actuales, la inversión nacional para el mantenimiento de rutas rondaba los $3,3 billones, una cifra muy superior a la contemplada para el próximo ejercicio.
