La tensión financiera atraviesa al comercio, la construcción y el agro, mientras Santa Fe analiza incentivos fiscales para atraer exportaciones a sus puertos y aeropuertos. En Rosario, las concesiones sobre la costa y los grandes desarrollos inmobiliarios conviven con inversiones que todavía deben demostrar su viabilidad.
La economía entró en modo electoral antes que la política. Con los presupuestos de 2027 en preparación y las empresas cada vez más pendientes de su liquidez, el escenario de negocios en Rosario y Santa Fe muestra dos movimientos simultáneos: compañías que venden activos o renegocian condiciones para sostenerse y empresarios que buscan oportunidades en logística, energía y desarrollos frente al río.
En ese contexto, la Provincia estudia una exención de Ingresos Brutos para operaciones que utilicen puertos y aeropuertos santafesinos, mientras crece la preocupación por la cadena de pagos, los proyectos inmobiliarios y las dificultades financieras en distintos sectores productivos.
Santa Fe prepara una baja de impuestos para atraer exportaciones
El Ministerio de Desarrollo Productivo trabaja en una propuesta para incorporar a la próxima ley tributaria una exención de Ingresos Brutos sobre operaciones logísticas vinculadas con puertos y aeropuertos provinciales. La iniciativa busca neutralizar una alícuota del 4,5% que alcanza, según el diagnóstico oficial, a actividades de despachantes y operadores logísticos.
La medida todavía está en elaboración, pero responde a un objetivo concreto: conseguir que más mercadería santafesina salga al exterior desde terminales de la provincia y no desde Buenos Aires.
Según cifras que maneja el Gobierno provincial, alrededor de US$1.000 millones en mercadería santafesina se exportan a través de plataformas bonaerenses. De ese total, unos US$680 millones tendrían como destino Italia y España.
La apuesta es que una mayor actividad portuaria y aeroportuaria permita retener en Santa Fe ingresos asociados al transporte, el combustible, los depósitos, el alojamiento y los servicios logísticos.
En esa línea, el ministro Gustavo Puccini mantuvo reuniones con despachantes y agentes de carga en Rosario y Buenos Aires. La propuesta a los operadores porteños consiste en conservar sus clientes y sumar terminales santafesinas a las alternativas disponibles.
También aparecen nuevas posibilidades para el transporte aéreo de cargas a partir de la conexión de World2Fly con Madrid y del acuerdo con OCA para habilitar su instalación y desarrollar servicios en el aeropuerto. Sin embargo, esas iniciativas todavía dependen de las condiciones comerciales y operativas para concretarse.
Energía: inversiones millonarias bajo evaluación
El Gobierno santafesino sigue de cerca unas 15 inversiones que busca destrabar, con especial atención en los proyectos capaces de generar empleo en plazos concretos.
Entre ellos aparece el parque solar de Secco, de 150 megavatios en San Carlos Centro, que obtuvo el 15 de septiembre autorización de acceso a la red eléctrica. Ese avance no implica, por sí solo, que las obras hayan comenzado ni que el financiamiento esté cerrado.
También figura OREL Energy Holdings, vinculada con un proyecto estratégico de energía solar e incluida en la Ventanilla Única de Inversiones.
No obstante, los montos atribuidos a ambas iniciativas —US$200 millones para Secco y US$400 millones para OREL— todavía no cuentan con corroboración documental suficiente y no deben considerarse inversiones efectivamente desembolsadas.
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) participa de la evaluación de los proyectos y de las gestiones pendientes. En paralelo, Rosario mantiene abierta la discusión sobre el retiro de postes y el ordenamiento del cableado en el centro, una tarea que requiere acuerdos entre el municipio y las empresas prestadoras.
Empresas con menos margen para esperar
La disponibilidad de efectivo se convirtió en una preocupación transversal. En el supermercadismo circularon versiones sobre las dificultades de un actor relevante, aunque mayoristas y proveedores consultados por Ecos365 describieron continuidad en las entregas, con revisiones de plazos y condiciones comerciales.
Los testimonios recogidos también dan cuenta de bajas de ventas de entre el 20% y el 50%, según la empresa y el período comparado. Se trata de situaciones particulares, no de una medición uniforme para todo el sector.
En la construcción, un desarrollador de alto perfil en Rosario negocia la venta de terrenos de reserva y participaciones en proyectos para obtener liquidez. La necesidad de efectivo empieza a pesar tanto como la ubicación de los activos, en un mercado donde las operaciones también quedan bajo mayor escrutinio.
Los emprendimientos de Pilay volvieron a poner en discusión los sistemas de aportes y adjudicación, mientras que las ofertas de rendimientos financieros asociados con desarrollos inmobiliarios despiertan interrogantes sobre sus estructuras, garantías y autorizaciones.
A ese panorama se suma el conflicto de Grupo Roma. La Provincia releva la situación de los emprendimientos junto con Defensa del Consumidor y la EPE para evaluar posibles respuestas a quienes esperan que sus proyectos se terminen o recuperar el dinero invertido.
El comercio minorista, por su parte, prepara una campaña por el Día de la Madre con 17 centros comerciales y alrededor de 200 locales rosarinos, mediante promociones bancarias, vouchers y actividades barriales. El objetivo es impulsar las ventas de cercanía en un contexto de consumo debilitado.
La costa rosarina concentra nuevas apuestas
Mientras parte del empresariado busca liquidez, otros grupos avanzan sobre oportunidades comerciales y concesiones frente al Paraná.
Rosario adjudicó la Guardería Náutica Centro a una alianza integrada por Obring, Flexio, Crucijuegos y el empresario Gabriel Guglielmino. La concesión tendrá un plazo de 15 años, con posibilidad de extensión, y combinará servicios náuticos, comercio y gastronomía frente al Monumento a la Bandera. La firma del contrato requiere completar previamente la constitución e inscripción de la unión transitoria.
En La Fluvial, el Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro) licitó un espacio gastronómico de aproximadamente 940 metros cuadrados en el ala norte. El concesionario deberá realizar las obras, con un plazo inicial de diez años, prorrogable por otros cinco, y un canon mínimo de $5 millones mensuales.
Más al sur, El Mangrullo se prepara para una futura licitación que contempla la apertura de una calle acordada con el municipio. El nuevo acceso busca ampliar las posibilidades de desarrollo turístico y productivo en el sector de la antigua guardería y el astillero.
En el extremo norte, el Parque de la Cabecera representa una apuesta de mayor escala: comprende unas 35 hectáreas y hasta 360.000 metros cuadrados construibles. La Provincia prepara los pliegos con la intención de licitar durante el verano, aunque antes deberá resolver cuestiones vinculadas con la disponibilidad de tierras y el traslado de familias.
El proyecto prevé espacios educativos, comerciales y culturales, además de desarrollos inmobiliarios. La inversión inicial en infraestructura aparece como uno de los principales desafíos para los grupos interesados.
Acero, energía y proveedores: la búsqueda de nuevos negocios
La necesidad de encontrar mercados también estuvo presente en el Foro Ejecutivo del Acero, donde participaron representantes de Acindar, Ternium y Gerdau Argentina. La conversación giró en torno a las oportunidades que pueden abrir la energía, la minería, la infraestructura y la mejora de la productividad.
En ese escenario, el programa ProPymes, del Grupo Techint, busca desarrollar proveedores para acompañar la expansión de actividades como Vaca Muerta. La iniciativa reúne unas 1.200 compañías, de las cuales 250 abastecen a Tecpetrol.
La ronda vinculada con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), prevista para el 29 de octubre en La Fluvial, apunta a conectar esos proyectos con empresas proveedoras. Según la Provincia, hay cerca de 1.200 inscriptos.
También hubo contactos entre inversores y compañías tecnológicas de América Latina y Alemania durante el OktoberINVESTfest, realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario. Los encuentros buscaron explorar posibles asociaciones, aunque las reuniones no implican inversiones confirmadas.
El agro, entre la innovación y la cadena de pagos
El sector agropecuario enfrenta una doble presión: la discusión por las reglas de propiedad intelectual de las semillas y las dificultades financieras que atraviesan productores y proveedores.
El debate sobre una eventual reforma vinculada con UPOV 91 enfrenta los intereses de las empresas que buscan cobrar por la innovación genética con la discusión sobre el uso propio de las semillas. En esa disputa participan compañías internacionales como Bayer, Corteva y Syngenta, además de entidades rurales y empresas argentinas.
Pero la recuperación de una campaña agrícola no garantiza, por sí sola, que se normalicen los pagos. Los financiadores revisan con mayor cautela el otorgamiento de crédito y las dificultades alcanzan a distintos eslabones de la cadena.
En Santa Fe, los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran, según los relevamientos citados, 818 empleadores menos durante el primer semestre. El dato refleja una reducción del padrón formal, aunque no equivale automáticamente a la misma cantidad de quiebras.
Entre los casos que ilustran las tensiones figuran Vidoret, que busca ordenar un pasivo cercano a US$27 millones; Agroquimia, en concurso desde septiembre de 2025, con reclamos de acreedores que rondaban los US$16,5 millones; y Matres Food, afectada por incumplimientos de Careaga Hnos. y Teglia.
También aparecen Agronline, Boagro, Agroganadera San Sebastián Elam y Emilio Alal, mientras que Verónica presentó un pedido concursal cuya apertura aún debía resolverse en la última información relevada.
A ese panorama se suman las crisis de Surcos, SanCor, Algodonera Avellaneda y Bioceres SA, que debe distinguirse de Bioceres Crop Solutions. Son situaciones diferentes, pero en conjunto muestran las dificultades que atraviesan diversas actividades para sostener el financiamiento y cumplir sus compromisos.
Las causas judiciales que siguen de cerca los empresarios
La agenda de negocios también estuvo atravesada por investigaciones judiciales. En la causa vinculada con Andrés Lux, la Justicia federal realizó allanamientos en una financiera, un estudio contable, una escribanía y la celda donde se encuentra detenido por otra investigación relacionada con presuntas estafas. La pesquisa por presunto lavado busca reconstruir la circulación de fondos.
Por otra parte, la defensa de Luis Herrera presentó una propuesta de juicio abreviado que contempla seis años de prisión para él y cuatro para cada uno de sus hijos, Diego e Ignacio. Se trata de un planteo defensivo, no de una condena acordada.
En la causa Shanahan, hubo novedades procesales para la esposa y el hijo del empresario, mientras los fiscales solicitaron dejar sin efecto la captura internacional de Jordi Pujol Ferrusola a cambio de que declare por videoconferencia, con la posibilidad de volver a pedirla si no comparece. La investigación por presunto lavado relacionado con operaciones sobre acciones de TPR continúa.
El panorama deja una economía de contrastes: mientras algunos empresarios buscan capital, otros venden activos para cumplir obligaciones y distintos sectores intentan encontrar nuevas oportunidades de inversión. Con la agenda política de 2027 cada vez más cerca, la urgencia inmediata para muchas compañías sigue siendo resolver sus compromisos financieros y recuperar previsibilidad.
