Santa Fe recibiría $8,96 billones en recursos nacionales durante 2027, según el proyecto de Presupuesto analizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Sin embargo, el 99% de esos fondos se distribuiría mediante transferencias automáticas, principalmente por coparticipación, mientras que apenas el 1% correspondería a giros presupuestarios directos.
El informe proyecta para la provincia un incremento real del 6,9% en las transferencias automáticas respecto de 2026, una vez descontada la inflación promedio estimada del 21,1%. La distribución efectiva de una parte de los recursos, en cambio, dependerá de decisiones que todavía no tienen destino geográfico definido.
El escenario se presenta mientras el Gobierno nacional y los gobernadores negocian el respaldo político al proyecto. Además, las previsiones están sujetas a que se cumplan las estimaciones macroeconómicas incluidas en la iniciativa, entre ellas un crecimiento de la actividad del 3% durante 2027.
Coparticipación, el principal sostén
De los $8,96 billones previstos para Santa Fe, $8,871 billones corresponden a transferencias automáticas. El monto representa el 99% del total y se compone de tres grandes rubros:
- Coparticipación Federal de Impuestos: $8,221 billones, con una suba real proyectada del 6,7%.
- Leyes especiales: $528.241 millones, con un incremento real del 8,3%.
- Compensación del Consenso Fiscal: $122.013 millones, con una mejora real del 17,2%.
Estas partidas constituyen el grueso de los recursos nacionales que recibirá la provincia y se distribuyen mediante mecanismos establecidos por ley.
En cambio, el proyecto asigna inicialmente $90.788 millones en transferencias presupuestarias directas, tanto corrientes como de capital. Entre los principales destinos figuran el Plan Nacional de Alfabetización, con $55.431 millones; el desarrollo de infraestructura hidráulica, con $27.454 millones; y la infraestructura y el equipamiento escolar, con $3.327 millones.
El resto de las transferencias corrientes y de capital suma $4.575 millones.
Los fondos que todavía están en discusión
Uno de los puntos sensibles para Santa Fe es la ausencia de asignaciones geográficas específicas para las cajas previsionales provinciales y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en el desglose inicial del proyecto.
A nivel nacional, el Presupuesto contempla $503.326 millones para cubrir déficits de cajas previsionales no transferidas y $300.994 millones para ATN. Sin embargo, esos recursos aparecen bajo la categoría “Sin especificar”, por lo que su distribución entre las jurisdicciones todavía no está definida.
El artículo 60 del proyecto establece condiciones para la cobertura de los déficits previsionales provinciales y exige acuerdos previos con la ANSES sobre los desequilibrios reconocidos correspondientes a 2021 o ejercicios posteriores.
Para Santa Fe, la partida global destinada a las cajas no transferidas resulta insuficiente, según el planteo expuesto en el informe. La negociación con la Nación sigue abierta y constituye uno de los puntos centrales de la relación entre la administración de Maximiliano Pullaro y el gobierno de Javier Milei.
Avales por US$ 300 millones para obras
El proyecto también contempla herramientas de financiamiento para infraestructura. El artículo 50 autoriza avales del Tesoro nacional por hasta US$ 300 millones para Santa Fe, destinados a operaciones de crédito público con un plazo mínimo de amortización de tres años.
El esquema prevé tres destinos:
- Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba: US$ 125 millones.
- Defensa contra inundaciones en San Javier: US$ 25 millones.
- Infraestructura económica, productiva y social: US$ 150 millones.
Los avales permiten respaldar operaciones de financiamiento, pero no equivalen por sí mismos a fondos ya desembolsados.
Por otra parte, el Plan Nacional de Inversiones Públicas contempla $66.110 millones en obras dentro de Santa Fe. De ese total, $30.645 millones corresponden a inversión real directa ejecutada por la Nación y $35.465 millones a transferencias de capital.
Universidades y prestaciones sociales
El proyecto incorpora partidas para las universidades nacionales con sede en la provincia. La Universidad Nacional de Rosario (UNR) recibiría $318.173 millones, la Universidad Nacional del Litoral (UNL), $140.917 millones, y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), $9.564 millones.
A esos recursos se suman las prestaciones sociales nacionales previstas para Santa Fe. Entre las partidas más importantes aparecen:
- Jubilaciones y pensiones: $6,148 billones.
- Asignaciones familiares: $990.479 millones.
- Pensiones no contributivas: $469.740 millones.
- Políticas alimentarias: $208.364 millones.
- PAMI: $202.769 millones.
Estos montos forman parte del gasto nacional ejecutado en el territorio provincial y tienen una escala muy superior a las transferencias directas destinadas a programas y obras.
Un esquema nacional concentrado en transferencias automáticas
La tendencia también se observa en el conjunto del país. Según la OPC, el proyecto prevé $106,62 billones para las 24 jurisdicciones subnacionales. De ese total, $104,03 billones —el 97,6%— se distribuirían mediante transferencias automáticas, con un aumento real promedio del 7,4% frente a 2026.
Las transferencias no automáticas sumarían $2,59 billones, equivalentes al 2,4% del total. De esa cifra, el 64,2% todavía no tiene una jurisdicción asignada.
Entre los programas nacionales con mayores partidas figuran el Plan Nacional de Alfabetización, con $612.822 millones; las cajas previsionales provinciales, con $503.326 millones; el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, con $493.191 millones; y los ATN, con $300.994 millones.
La concentración de recursos sin distribución geográfica definida deja margen para que parte de esos fondos se asigne durante la ejecución presupuestaria, en un contexto de negociaciones entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales.
Equilibrio fiscal y cambios en el uso de fondos
El informe también recoge la proyección del Ministerio de Economía según la cual las provincias alcanzarían el equilibrio fiscal en 2027, luego de registrar un déficit equivalente al 0,3% del PBI en 2025 y 2026.
A su vez, los servicios de deuda representarían el 6,1% de los recursos corrientes provinciales. La OPC advierte sobre la sensibilidad de las cuentas públicas ante las variaciones cambiarias, dado que más del 80% del stock de deuda de las provincias está denominado en moneda extranjera.
Entre los cambios normativos incluidos en el proyecto se destacan la prórroga de la afectación específica de recursos coparticipables para financiar la educación provincial, prevista en el artículo 13, y la autorización de avales para endeudamiento subnacional destinada a infraestructura, contemplada en el artículo 50.
El artículo 59, en tanto, deroga el esquema de asignación interna del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte y otorga mayor discrecionalidad en el uso de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles.
Para Santa Fe, el panorama combina una mejora real prevista en los recursos automáticos con una fuerte dependencia de la coparticipación. Las obras, los fondos extraordinarios y la asistencia previsional, en cambio, mantienen condicionamientos y definiciones pendientes.
