En una nueva acción vinculada a la recuperación de bienes provenientes del delito, el Gobierno de Santa Fe, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), tomó posesión de un inmueble decomisado en Rosario en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Lavalle, en la zona oeste de la ciudad de Rosario, y comprendió el desalojo inmediato de las personas que habitaban el lugar, además del relevamiento completo del inmueble. Se trata de la propiedad número 16 recuperada por la Provincia desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.
La medida fue ejecutada por personal de la Aprad junto al Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, en el marco de una estrategia orientada a recuperar activos vinculados a organizaciones criminales y hechos de corrupción.
“Lo que estamos haciendo desde el primer día es tomar posesión inmediata de los bienes secuestrados o decomisados para que vuelvan al Estado y a las víctimas, y así debilitar a las organizaciones criminales en todos sus aspectos”, explicó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.
El funcionario señaló que la política alcanza tanto a estructuras narcocriminales como a personas condenadas por delitos de corrupción. “Desde los narcotraficantes más importantes de la provincia hasta quienes cometieron hechos de corrupción, todos los bienes decomisados pasan nuevamente a manos del Estado”, sostuvo.
Toma de posesión
Durante el procedimiento se realizó un inventario detallado del mobiliario existente en los dos pisos de la propiedad. Las pertenencias personales fueron retiradas por quienes residían allí y, una vez finalizadas las actuaciones, se cambiaron las cerraduras para formalizar la posesión estatal del inmueble.
Además, durante la inspección se detectó un arma de fuego, cuya situación legal quedó sujeta a consultas judiciales y peritajes para determinar si correspondía su secuestro y si el portador contaba con autorización para tenerla.
Figueroa Escauriza adelantó que, por las características de la propiedad, el destino más probable será el remate. No obstante, aclaró que la Provincia evaluará previamente si puede ser reutilizada para algún organismo estatal, como ocurrió con otros inmuebles cedidos recientemente a áreas de Salud Mental y al Ministerio de Justicia y Seguridad.
Una condena ratificada por la Corte Suprema
La vivienda decomisada está vinculada al excomisario rosarino Osvaldo Raúl Bejarán, condenado por enriquecimiento ilícito en una causa considerada emblemática en la lucha contra la corrupción policial en Santa Fe.
Bejarán, que había estado a cargo de áreas vinculadas al combate del juego clandestino en Rosario, fue investigado tras detectarse un incremento patrimonial incompatible con sus ingresos. La pesquisa incluyó la adquisición de vehículos, propiedades y una licencia de taxi.
En 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena y habilitó el decomiso definitivo de los bienes vinculados al caso.
