Representantes de ocho municipios santafesinos coincidieron en reclamar modificaciones al proyecto aprobado por el Senado provincial para regular y reducir la actividad de cuidacoches o “trapitos”, durante una reunión realizada en la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
El principal cuestionamiento apuntó a la responsabilidad que la iniciativa asigna a los municipios para actuar como autoridad contravencional frente a estos casos.
La reunión se extendió durante más de dos horas y sirvió para debatir tanto los cambios propuestos al Código de Convivencia como las posibles políticas de inclusión social destinadas a personas que actualmente realizan esa actividad.
Reclamos de los municipios
“Fue una buena reunión, vamos a trabajar ante el reclamo de los intendentes”, afirmó Martín Rosúa, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
En la misma línea, la diputada socialista Lionella Cattalini señaló que los municipios consideran que no cuentan con estructura suficiente para afrontar las nuevas obligaciones previstas en el proyecto.
“Pidieron cambios porque entienden que los municipios no tienen la estructura suficiente para instar la acción en estos casos de contravenciones”, explicó.
Participaron del encuentro representantes de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Santo Tomé, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, Villa Constitución y Esperanza.
Entre ellos estuvieron el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; el de Santo Tomé, Miguel Weiss Ackerly; el secretario de Gobierno de Santa Fe, Sebastián Mastropaolo; y el secretario de Control de Rosario, Diego Herrera.
También participó el senador rosarino Ciro Seisas, autor del proyecto original aprobado por el Senado.
El artículo más cuestionado
El foco del debate estuvo puesto en el artículo 4° de la iniciativa, que establece que los municipios actuarán como “actores contravencionales públicos” con exclusión de otras autoridades.
Desde distintos gobiernos locales advirtieron que esa disposición implicaría ampliar significativamente las estructuras administrativas y legales.
“Tenemos que duplicar los letrados de áreas de Control”, señalaron representantes municipales durante el encuentro.
Algunos funcionarios propusieron que la competencia recaiga en el Ministerio Público de la Acusación, aunque esa posibilidad ya había sido descartada durante el tratamiento en el Senado.
Entre el control y la inclusión
Tras la reunión, Cattalini remarcó que existen regulaciones muy distintas entre ciudades santafesinas y pidió abordar el tema con responsabilidad.
“Es un tema delicado que abarca violencia en algunos casos, pero también pobreza y falta de empleo. No lo vamos a resolver con una ley debatida a las apuradas”, sostuvo.
El proyecto aprobado por el Senado modifica artículos del Código de Convivencia provincial y, además del esquema sancionatorio, establece que el Poder Ejecutivo deberá implementar programas de prevención e inclusión social.
Entre las medidas previstas figuran capacitaciones, formación en oficios, intermediación laboral y abordajes vinculados a salud mental y consumos problemáticos, en articulación con los gobiernos locales.
Ahora, la iniciativa continuará su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde deberá pasar por tres comisiones antes de llegar al recinto.
