La crisis de Sancor sumó un nuevo frente judicial. Representantes de más de 1.000 acreedores de la cooperativa solicitaron la apertura de un jury de enjuiciamiento contra el juez de Rafaela Marcelo Gelcich, a quien acusan de haber incurrido en supuestas irregularidades durante el proceso de quiebra.
La presentación fue realizada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bergallo. En el escrito sostienen que hubo problemas vinculados a la valuación de activos, el manejo de bienes intangibles y la administración del expediente judicial.
Entre los principales cuestionamientos aparece una presunta subvaluación de los bienes de la empresa. Los denunciantes afirman que las tasaciones se realizaron sin la intervención de especialistas y que no se habría considerado adecuadamente el valor de activos estratégicos, entre ellos la marca Sancor.
En ese punto, la presentación plantea dudas sobre el uso comercial de la marca por parte de Sancor Seguros y sostiene que podrían existir ingresos derivados de esa utilización que no fueron contemplados dentro del proceso. Según los acreedores, el valor económico de ese activo podría alcanzar cifras millonarias.
Otro de los puntos señalados está relacionado con el incendio ocurrido en la planta de Sunchales, investigado por el Ministerio Público de la Acusación. Los abogados cuestionan que el juez haya aplicado una reducción del 20% sobre la valuación de los bienes luego del siniestro y consideran que eso podría afectar el precio final de una eventual venta.
También objetan el rechazo de un plan de salvataje presentado por acreedores. Según la denuncia, la propuesta fue descartada porque ingresó “15 minutos después” de dictada la sentencia de quiebra. Para los denunciantes, esa decisión habría impedido analizar una alternativa de continuidad de la empresa.
La presentación además cuestiona que la quiebra haya sido declarada antes de que la Asamblea Extraordinaria de la cooperativa pudiera pronunciarse y plantea posibles incumplimientos vinculados con la Ley de Cooperativas.
Ante lo que califican como una situación de “denegación de Justicia”, los acreedores solicitaron la suspensión del juez Gelcich y de los plazos procesales mientras se analiza la denuncia.
En paralelo, el Consorcio de Acreedores de Sancor —integrado por acreedores laborales, comerciales, productores tamberos y asociados— anunció una estrategia para frenar el proceso de licitación y remate de las plantas industriales.
La propuesta alternativa plantea una recuperación de la compañía mediante un esquema mixto: 51% de capital privado para atraer inversores y aportar fondos de trabajo, y 49% en manos de un fideicomiso regional integrado por trabajadores, tamberos y proveedores.
Los acreedores sostienen que la salida no debe ser el remate de los activos, sino la recuperación productiva de la firma láctea como empresa estratégica para la región.
