La Policía de Investigaciones (PDI), con colaboración de la Policía Federal Argentina, realizó 54 allanamientos en Rosario en el marco de una causa del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por la aparición de banderas con mensajes amenazantes en distintos establecimientos de la ciudad. Los procedimientos permitieron avanzar sobre grupos vinculados con el narcomenudeo y hechos de violencia.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el fiscal Matías Merlo brindaron este jueves detalles de los operativos, que comenzaron el viernes de la semana pasada y continuaron durante los días posteriores, incluso mientras se desarrollaba la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos.
“La seguridad no puede parar, porque la delincuencia no nos da pausa y tampoco podemos dársela en nuestra respuesta”, señaló Cococcioni.
El ministro explicó que los allanamientos estuvieron vinculados tanto con las banderas amenazantes como con grupos relacionados con el contexto narcocriminal, la actividad de microtráfico y delitos particularmente violentos. Además, destacó la detención de una persona requerida por la Justicia, concretada a partir de tareas de prevención en la vía pública y llamados al 911.
El resultado de los procedimientos
Según precisó Merlo, el operativo dejó:
- 14 personas detenidas.
- 15 armas de fuego secuestradas.
- Municiones y dispositivos celulares incautados.
- Cerca de un kilogramo de material estupefaciente.
Del total de detenidos, 11 quedaron a disposición de la Justicia Federal y tres son investigados por el MPA.
“Todos tienen vinculación directa con distintos actores del narcomenudeo y con el conflicto de violencia que se produce alrededor de la venta de estupefacientes”, detalló el fiscal.
La disputa territorial detrás de las amenazas
Merlo sostuvo que las banderas buscaban transmitir mensajes de distintos grupos que disputan espacios territoriales. Según explicó, la respuesta permitió desactivar rápidamente un foco de conflicto: la primera tanda de allanamientos se concretó en menos de 24 horas.
Entre los involucrados hay menores de edad y personas con antecedentes policiales. El fiscal señaló que se trata de integrantes de distintos grupos territoriales de la zona sur de Rosario, algunos con referencias a facciones de Los Monos y Los Menores.
Finalmente, aclaró que parte de los hechos investigados habría sido ordenada por personas que operaban desde lugares de detención federales y provinciales, aunque no se encontraban entre los presos de alto perfil.
