El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, defendió el paquete de reformas penales impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro y rechazó las críticas que comenzaron a surgir desde sectores judiciales y de abogados penalistas.
El proyecto enviado a la Legislatura incluye medidas como interrogatorios policiales a sospechosos sin presencia obligatoria de abogados, juicio en rebeldía, ampliación de facultades de inteligencia digital y, en determinados contextos, allanamientos sin autorización judicial previa.
“Es darle más facultades al Estado en la lucha contra el delito”, resumió Cococcioni al defender la iniciativa. Según explicó, el objetivo es dotar a la Policía, fiscales y jueces de herramientas “más eficientes” frente a nuevas modalidades criminales.
Uno de los puntos que más polémica generó es la posibilidad de que la Fiscalía y la Policía puedan tomar declaraciones informativas antes de una imputación formal, sin necesidad de que esté presente un defensor.
Sobre ese punto, el ministro sostuvo que Santa Fe tiene actualmente “un sistema de formalización exacerbada” que impide obtener información clave en los primeros momentos de una investigación.
“Contar con información en los primeros momentos de un hecho puede hacer la diferencia en el esclarecimiento oportuno”, afirmó. Y agregó que, si las autoridades deben esperar a reunir toda la evidencia antes de hablar con un sospechoso, muchas veces se pierde información relevante para avanzar rápidamente en la investigación.
Cococcioni remarcó además que el proyecto no obliga a declarar y aclaró que, si la persona solicita un abogado, el interrogatorio debe interrumpirse de inmediato. Según planteó, el esquema propuesto funciona de manera similar en otros sistemas judiciales occidentales.
La reforma también incorpora un capítulo vinculado a espionaje digital e inteligencia electrónica, con la posibilidad de regular actividades como el clonado de dispositivos y cuentas digitales en investigaciones vinculadas a narcocriminalidad o delitos complejos.
El ministro defendió esa ampliación y aseguró que actualmente existen herramientas tecnológicas que ya se utilizan, pero sin una regulación específica. “La idea es que la ley diga qué se puede hacer, qué no y bajo qué autorizaciones”, explicó.
Según detalló el funcionario, Santa Fe es la única provincia del país con una ley específica de inteligencia y el objetivo ahora es formalizar y delimitar las nuevas capacidades digitales del Estado dentro de un marco legal.
Sin embargo, las iniciativas ya despertaron fuertes cuestionamientos desde sectores del derecho penal. El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, José Nanni, calificó el proyecto como “un verdadero absurdo jurídico” y cuestionó que excluya a los jueces de decisiones centrales durante el proceso penal.
Para el abogado, las reformas “destrozan principios generales del derecho procesal penal y garantías constitucionales”, además de representar un retroceso respecto de estándares históricos de protección de derechos y control judicial.
